James L. Rivera Velázquez

Punto de Vista

Por James L. Rivera Velázquez
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Cultura de maltrato y rechazo a la vejez

Mucho antes del inicio de la pandemia de COVID-19 la proporción de personas de edad avanzada en Puerto Rico había ido en incremento. Esta tendencia se vinculaba a cambios en las variables demográficas de natalidad, mortalidad, migración, los avances en la medicina, cambios en los hábitos alimentarios y modificaciones en los estilos de vida.

Según el State Data Center de Puerto Rico (SDC-PR) para el año 2018 la población de edad avanzada en la isla era de aproximadamente 831,383 personas. Esto básicamente representa el 25% de la población, en comparación con la proporción de personas de edad avanzada existente a principios de siglo, que era de solo un 4.0 por ciento. Es decir, aproximadamente una cuarta parte de la población tiene 60 años o más. Esta población también compone el grupo electoral más grande del pueblo puertorriqueño. 

Ante esta realidad, sería lógico ver que existiera una cultura de respeto y aprecio tanto por las administraciones gubernamentales como del pueblo en general, ya que esta población construyó lo que hoy tenemos como sociedad puertorriqueña.

Sin embargo, ese no ha sido el caso. Durante los pasados siete años las instituciones gubernamentales han tomado acciones dirigidas a afectar a esta población. Gran parte de las políticas públicas establecidas por las distintas administraciones gubernamentales y la propia Junta de Supervisión Fiscal para atender la crisis económica han ido dirigidas a restar beneficios a los sistemas de pensión y retiro de este segmento poblacional. Estas acciones han provocado que viva bajo unos niveles de pobreza que se han agudizado más durante la llegada del mortal virus.

El trato desigual del gobierno a este sector ha sido tan palpable que, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, dijo públicamente que como parte del Plan de Distribución del Pago de Impacto Económico, este grupo está programado para recibir el beneficio durante el mes de junio, que es la última fase del proceso de distribución de fondos.

Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué el que más necesita va a recibir la ayuda al final? 

Estas acciones son contrarias a la política pública de darle prioridad a las personas de edad avanzada, establecida en la Ley Núm. 297 - 2018, según enmendada, mejor conocida como la “Ley uniforme sobre filas de servicio expreso y cesión de turnos de prioridad”.

A eso hay que sumarle que, tras el inicio del período de aislamiento físico, ha habido un alza en los casos reportados de maltrato a personas de edad avanzada. Lo cual también es de gran preocupación, ya que no es la primera vez que ocurre durante una emergencia. 

Tras el paso del huracán María, se dio a conocer que por cada caso de maltrato que se denunciaba se estimó que habían otros siete que no trascendieron. Esperemos que ese no sea el caso ahora.

Tenemos que romper con la cultura de maltrato y rechazo a la vejez y se tiene que aceptar que con nuestros viejos todo, sin ellos nada.

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