Luis Jorge Rivera Herrera

Tribuna Invitada

Por Luis Jorge Rivera Herrera
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Decisión ignorada sobre las cenizas

En 1998 el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la planta termoeléctrica propuesta entonces por la compañía AES, en Guayama (98 TSPR 85).

El foro judicial, en respuesta a un recurso de revisión tras ser aprobada por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y haciendo referencia al compromiso de esta empresa consignado en esta DIA, dijo que: “ni la ceniza ni sus derivados serían depositados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico. Finalmente, la JCA, al aprobar la declaración en cuestión, dispuso que, de no encontrarse cliente para las cenizas aludidas, se requerirá que las mismas sean devueltas a las minas de origen del carbón”. Esta condición nunca ha sido cumplida.

Es decir, por casi dos décadas, AES ha violentado la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, en virtud de la cual se ordena evaluar aquellos proyectos con un impacto significativo al ambiente, y para los que se exige la preparación de una DIA.

En consecuencia, AES ha estado en violación de todos los permisos otorgados por las agencias del gobierno de Puerto Rico, incluyendo el contrato firmado con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la compra de electricidad. Esto, debido a que las condiciones impuestas en cada uno de estos permisos, y el contrato, deben ser conformes a lo expuesto en la DIA, según el certificado de cumplimiento ambiental emitido por la JCA.

Recién fue aprobada la mal llamada “Ley para prohibir el depósito en terrenos y uso de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico”, posibilitando el desecho de cenizas de carbón en los vertederos. Esta, sin embargo, no anula la determinación emitida por el Tribunal Supremo en el caso de AES ni lo ordenado por la Ley sobre Política Pública Ambiental.

La empresa está obligada, primero, a preparar una DIA nueva o a enmendar la aprobada previamente, y presentarla para comentario público, en caso de proponer el desecho de sus cenizas en los vertederos. Es de esta forma que el reglamento correspondiente de la JCA requiere que se analicen y discutan los impactos ambientales, sociales y económicos que tal acción tendría. Este trámite o proceso tampoco ha sido realizado al día de hoy.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, junto a varios miembros de su gabinete, ha repetido en numerosas ocasiones su intención de hacer cumplir la ley y el orden. ¿Acaso no hacen lo contrario al ordenar el despliegue de fuerzas policiales para escoltar y facilitar el depósito de cenizas de la planta de AES en el vertedero de Peñuelas, en violación al dictamen del Tribunal Supremo y lo ordenado en la Ley sobre Política Pública Ambiental? ¿Por qué las agencias concernientes, empezando por la JCA y el Departamento de Salud, no han impuesto las penalidades correspondientes tras AES violar todos y cada uno de los endosos y permisospara su operación por cerca de quince años?

Muy probablemente, el monto total de las multas sobrepasaría varios, sino decenas de millones de dólares. Extrañamente, pasadas administraciones, ni la presente, han gestionado el cobro efectivo de las multas, aun ante la grave crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno.

El dinero resultante, además de ayudar a sufragar los gastos para fiscalizar las operaciones de la empresa, serviría también para pagar en parte otros servicios esenciales e incluso la deuda contraída con múltiples bonistas.

El Artículo 3.B de la Ley sobre Política Pública Ambiental establece que “[e]l Estado Libre Asociado reconoce que toda persona tiene derecho y deberá gozar de un medio ambiente saludable y que toda persona tiene la responsabilidad de contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, toda persona responsable por la contaminación de nuestros suelos, aguas y atmósfera tiene la obligación de responder por los costos de descontaminación o restauración y, cuando procediere, compensar al pueblo de Puerto Rico por los daños causados”.

Los ciudadanos, particularmente los residentes del barrio Tallaboa-Encarnación de Peñuelas, han cumplido con su deber de hacer valer la ley y, sobre todo, su derecho a proteger su salud, la de sus familias y su comunidad, al tratar de evitar el desecho de cenizas de carbón en el vertedero de Peñuelas.

Señor gobernador, miembros de su gabinete y legisladores, ¿cuándo comenzarán a cumplir con su palabra de hacer cumplir las leyes y el orden, y proteger la salud pública, según juraron al ocupar su cargo?

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