David Cordero Mercado

Punto de vista

Por David Cordero Mercado
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Defender el acceso a la información es defender la democracia

En su último acto como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares mostró al pueblo –una vez más– su verdadero rostro. El discurso de transparencia que pregonó sin cansancio desde el inicio de su administración, lo terminó de enterrar cuando plasmó su firma en las leyes 122 y 141, que corresponden a los proyectos 1095 y 236 de la Cámara y el Senado, respectivamente.

De esta manera, entraron en vigor de forma inmediata la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, y la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, cuyos efectos en concreto son totalmente lo opuesto a lo que intentan sostener sus títulos, añadiendo cortapisas y obstáculos tanto a los periodistas como a los ciudadanos para tener acceso a información pública.

En esa estocada final han sido cómplices el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, autor del Proyecto 1095; y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor del Proyecto 236. En ambas medidas, la mayoría parlamentaria PNP se unió como coautores.

Hay otro hecho que merece ser destacado y discutido. El Sistema de Información del Trámite Legislativo de la Oficina de Servicios Legislativos evidencia que tanto la Cámara de Representantes como el Senado enviaron las medidas a Rosselló Nevares el 29 de julio para que plasmara su firma, una fecha en la que era ya conocido que el primer gobernador en ser despedido por el pueblo saldría del cargo. Aun así, ambos cuerpos legislativos impulsaron con el envío que el entonces saliente primer ejecutivo firmara las medidas.

El Sistema de Información también evidencia que, desde el 1 de agosto, un día antes de la salida de Rosselló Nevares de La Fortaleza, los proyectos ya se habían convertido en ley, pero ningún legislador ni funcionario público condenó tal acción.

El derecho a la libertad de prensa y con ello, el libre acceso a la información, forman parte de las luchas civiles que han marcado la historia de Estados Unidos y, por consiguiente, la de Puerto Rico. De hecho, la Constitución estadounidense ratificada el 1788 no incluía tal protección. No fue hasta 1791 que con la Primera Enmienda se adoptaron las garantías de libertad de prensa y expresión. Pero las leyes 122 y 141 son una muestra de que los ataques contra esas libertades nunca han cesado.

El trabajo periodístico ético en Puerto Rico y Estados Unidos opera bajo un modelo de responsabilidad social que por definición es contrario al modelo autoritario o comunista. En el modelo de responsabilidad social, la prensa funciona como un cuarto poder, es decir, una rama no oficial del gobierno que monitorea las ramas legislativa, judicial y ejecutiva, para identificar los abusos de poder y proporcionar a la ciudadanía la información necesaria para la toma de decisiones.

Los recientes actos del Gobierno de Puerto Rico se suman a una tendencia global de atentados contra los derechos, las libertades civiles y la democracia, evidenciada por Freedom House, una organización de vigilancia independiente dedicada a la expansión de la libertad y la democracia en todo el mundo.

En su informe de 2018, Freedom House sostiene que en el 2017 la democracia enfrentó su crisis más grave en décadas a nivel global, cuando sus principios básicos, incluidas las garantías de elecciones libres y justas, los derechos de las minorías, la libertad de prensa y el estado de derecho, fueron atacados en todo el mundo. En el año 2019 la tendencia no parece tener cambios positivos.

Limitar el acceso a la información, como pretenden hacer las leyes 122 y 141, es un atentado directo a la libertad de prensa y libertad de expresión, ambas protegidas bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y replicado en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El informe más reciente de Freedom House destaca que “la libertad de prensa ha estado bajo una presión inusual en los Estados Unidos, el principal poder democrático del mundo”.

Asimismo, advierte en sus hallazgos que Estados Unidos “se ha retirado de su papel tradicional como campeón y ejemplar de la democracia en medio de una disminución acelerada de los derechos políticos y las libertades civiles estadounidenses”. El Gobierno de Puerto Rico parece unirse a la tendencia antidemocrática, pese a que con palabras intenta sostener otro fin.

La limitación del acceso a la información y el ataque a la libertad de prensa, son un síntoma y un contribuyente –parafraseando a Freedom House– al colapso de otras instituciones y principios democráticos, un hecho que hace especialmente alarmante las firmas recientes de las leyes 122 y 141.





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