Aníbal Acevedo Vilá

Tribuna Invitada

Por Aníbal Acevedo Vilá
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Defensa de la dignidad de Puerto Rico

Una de las mayores crisis que enfrenta Puerto Rico es en su relación con Estados Unidos.  No me refiero, solamente, al tema de status, ni me limito a la presidencia de Trump, sino a que la relación está rota en todos sus aspectos relevantes: económicos, sociales, constitucionales y políticos.  Pero donde la fisura es mayor, es en la violación continua a la dignidad del pueblo de Puerto Rico.

El caso que está ante el Tribunal Supremo de Estado Unidos sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal parece ser sobre un asunto técnico-constitucional, pero no lo es.  La decisión que tome ese Tribunal puede tener repercusiones amplias sobre nuestro futuro, más allá de la existencia de esa Junta.

El planteamiento de Estados Unidos en ese caso es muy directo.  Alegan que, bajo la cláusula territorial, el Congreso puede hacer con la isla lo que le dé la gana sin, prácticamente, ninguna limitación constitucional.  Bajo esa teoría, hasta podrían nombrar a un rey vitalicio para regir nuestros destinos.  

Ante el argumento contrario, validado por el Tribunal de Apelaciones de Boston, de que aún bajo los poderes plenarios, el Congreso no puede burlarse de lo que dispone la Constitución americana, que dice que a los oficiales de Estados Unidos los nombra el presidente y los confirma el Senado, el gobierno de Estados Unidos ha levantado un argumento insultante y de chantaje.  Estados Unidos le dice al Tribunal Supremo que si concluye que esa cláusula de nombramientos aplica, entonces los puertorriqueños no tendrían ni el derecho a elegir a su propio gobernador.  

Ese argumento, aparte de ser constitucionalmente absurdo, va en contra de la dignidad de nuestro pueblo.  En esencia, nos dice: “si tú quieres que yo te dé un poco de democracia, tienes que reconocer que yo tengo el poder de hacer contigo lo que me dé la gana, sin ninguna protección constitucional”.  Si indignante es esa postura, más insultante es que el gobierno de Puerto Rico la esté respaldando.

El 25 de julio, el día después que Ricardo Rosselló anunció que iba a renunciar, su gobierno presentó, calladamente, un escrito ante el Tribunal Supremo apoyando esa posición.  

El 13 de agosto le escribí una carta a la nueva gobernadora, Wanda Vázquez, alertándole de esta movida de Rosselló.  Le señalé que resultaba “altamente” contradictorio que “en el momento que el pueblo se tiró a la calle para defender sus valores democráticos, el gobierno de Puerto Rico adopte esa posición” y le recomendé que la evaluara “con la mayor meticulosidad” y le aclarara al pueblo de Puerto Rico su posición al respecto.

Ante el silencio de la gobernadora, presenté un escrito ante el Tribunal Supremo federal con el que argumento, entre otras cosas, de que Promesa es un insulto a la dignidad y los valores democráticos de nuestro pueblo y una negacióna los principios de separación de poderes y democracia que Estados Unidos veneran tanto.  

Sobre el argumento que pretende decir que para exigir que se cumpla con la Constitución federal hay que negarles a los puertorriqueños sus victorias democráticas, le digo al Tribunal que eso sería como decir que, para terminar la segregación había que reconocer que el Congreso y los estados retenían el poder de volver a imponer la esclavitud. El Tribunal Supremo nunca ha decidido que para garantizar la protección de unos derechos constitucionales se tienen que denegar otros principios básicos constitucionales y democráticos.  

Si algo aprendimos este verano, es que la dignidad se defiende en todos los foros y formas.

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