Marcia Rivera

Tribuna Invitada

Por Marcia Rivera
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Defraudado Puerto Rico con sus políticos

Los políticos solían ser en Puerto Rico lo más selecto de la sociedad en términos de su compromiso con el bien común, indistintamente de su formación y su origen social. Eran profesionales probos, intelectuales que pensaban el futuro colectivo desde un gran dominio de la historia y trabajadores que luchaban por lograr una sociedad inclusiva y próspera. La mayoría dejó huellas que nos permitieron cuajar una identidad propia, a pesar de más de cinco siglos de coloniaje, y alcanzar logros significativos en ámbitos como la educación, la ciencia, las artes, los deportes y la salud. 

Supimos tener legisladores de la talla de Nemesio Canales, que legisló vehementemente a favor de los derechos de las mujeres; de Gilberto Concepción de Gracia, quien nunca cesó de levantar su voz frente al reclutamiento militar inconsulto; de Vicente Geigel Polanco, responsable de buena parte de nuestra legislación social para un Puerto Rico seguro e igualitario; y de José Celso Barbosa, que impulsó decididamente el cooperativismo desde finales del siglo 19. Tuvimos también a Ernesto Ramos Antonini, por cuya labor hemos gestado instituciones culturales extraordinarias, que están siendo ahora eliminadas o amenazadas. 

El bien común apenas tiene hoy defensores entre los políticos del bipartidismo que nos agobia y nos deshonra ante el mundo. El nivel de ineptitud, de avaricia, corrupción y clientelismo que se ha apoderado de la política puertorriqueña supera lo imaginable. El fracaso del bipartidismo, verificado en retraimiento electoral y desprestigio de quienes asumen cargos públicos, se debe a sus propios líderes. Estamos en momento de inflexión porque la gestión pública no se condice con la monumental adversidad que vivimos. El corrupto despilfarro en transacciones cuestionables, el bochornoso financiamiento de campañas electorales a cambio de contratos, así como la pequeña y cotidiana corrupción en la que participan miles de personas, es hoy una realidad insostenible. 

¿Cómo se llegó hasta aquí?  Progresivamente, hasta que la corrupción se naturalizó; se hizo algo cotidiano.  Hoy, lejos de penalizarse, se ha pasado a convivir con ella para no tener que distanciarse de amigos o familiares y hasta se reconoce la astucia de quien es capaz de fraguar un esquema delictivo para apoderarse individualmente de un bien o un recurso colectivo.  El consentimiento silencioso de toda la sociedad ha sido cómplice de este crecimiento exponencial de la corrupción en la política.

También ha contribuido, sin duda, nuestra condición de territorio colonial. Los programas federales son un incentivo para imaginar cómo quedarse con una porción del pastel sin que nadie se dé cuenta. Buena parte de los delitos de corrupción gubernamental están relacionados con fondos federales y no se trata de esquemas tipo Robin Hood de robarle al que tiene para darle al que no tiene…

Ricardo Rosselló ha perdido legitimidad, confianza y credibilidad como gobernante. Seguramente por su impericia en gestión y su desconocimiento del país y de dónde están los recursos humanos que hubieran contribuido a gestar un buen gobierno. Pero eso no excusa su incapacidad. El poder legislativo está en la misma situación: la población no confía en lo que hace, ni en cómo lo hace. Se han develado muchos casos delictivos allí y se constata a diario cuán alejada está la legislatura de las necesidades del país. Desde hace mucho, ha sido un mero ente instrumentador de políticas neoliberales derivadas del gobierno estadounidense. Sobre el poder judicial circulan sospechas y rumores de que hay mucho bajo la alfombra; ojalá sean puras especulaciones. 

El tiempo apremia y Puerto Rico está en bancarrota económica, social, política e institucional. La bomba lanzada hace dos días por el ahora ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, es solo un adelanto de muchas que vendrán. Precisamos una alternativa al bipartidismo que se aboque con ahínco a tres asuntos centrales: i) asegurar un gobierno que erradique la corrupción, instale el mérito en la gestión pública y establezca un sistema de fiscalización ciudadana; ii) gestar un cambio de estrategia económica, al amparo del paradigma de desarrollo humano sostenible y iii) poner en marcha un proceso de educación y concientización dirigido a lograr un proyecto de descolonización y libre determinación que nos permita cerrar este problema milenario.

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