José M. Auffant Colom

Tribuna Invitada

Por José M. Auffant Colom
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Dejad que los niños vengan a mí

Hace unos días, se publicó una columna titulada “No es viable una edad mínima para procesar a menores”. En la misma, se aducía, entre otras teorías, que establecer un límite de edad tendría como resultado dejar al menor sin los beneficios que devengaría de una atención temprana a sus problemas y que los menores serían explotados por el bajo mundo para hacer sus fechorías. Esto último, sin aportar ninguna data empírica real y medible.

No obstante, lo que sí es real y medible, pero la columna omite en su totalidad, es que en 21 estados de los Estados Unidos se ha establecido una edad mínima para que un tribunal de menores pueda ejercer jurisdicción sobre un menor; al  igual que en 32 países de América Latina y el Caribe, y en casi todos los países europeos. Incluso, hasta Rusia, China y Corea del Norte tienen estatutos legales estableciendo edades mínimas para poder procesar a menores de edad. De otra parte, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado que los estados fijen la edad mínima para procesar penalmente a un menor entre los 14 y los 16 años de edad. Incluso, esta misma Comisión ha estipulado que responsabilizar ante la justicia penal juvenil a niños menores de 12 años de edad, es inaceptable a nivel internacional. ¿La razón para esto? Se ha reconocido científicamente que los niños son inherentemente menos culpables que los adultos y que cuanto más joven es una persona, menos competente puede ser.

De aprobar el Proyecto del Senado 489, Puerto Rico pasaría a estar en cumplimiento con el estándar internacional establecido por las Naciones Unidas de no procesar criminalmente a ningún menor de 12 años de edad o menos. A diferencia de lo expresado por los detractores, este Proyecto no implica una luz verde para que los menores de 13 años de edad puedan delinquir sin ningún tipo de consecuencia. De lo que este Proyecto trata, es de un cambio de paradigma en donde, en vez de someter a un menor de edad a un proceso penal o la privación de su libertad, el Departamento de Justicia referiría a los menores transgresores al Departamento de la Familia para que sea este último, el que finalmente implemente las medidas especiales dirigidas a trabajar con la educación y rehabilitación de los jóvenes.

En cuanto a la explotación de niños y niñas de parte de delincuentes, la realidad es que con la ausencia de la edad mínima de procesamiento, estas situaciones ya ocurren. Sin embargo, a diferencia de la actualidad, el enfoque del Departamento de Justicia debería centrarse en procesar a los explotadores y no a los explotados. Aún más, afirmar que encaminar a un menor de edad hacia un proceso de rehabilitación no punitivo, equivale a dejar a las víctimas sin remedio, y es una verdadera afrenta a la conciencia y sensibilidad humana que caracteriza a los puertorriqueños. Esta disyuntiva merece que reflexionemos en cuanto al propósito de nuestro sistema legal. ¿Queremos, como Sistema de Justicia, un verdugo encargado de vengar las penurias de las víctimas? ¿O queremos un Sistema de Justicia que procure por nuestros derechos y el cumplimiento del principio de rehabilitación enmarcado en nuestra Constitución?

Estipular que una edad mínima para procesar criminalmente a un menor “no es algo real en el Puerto Rico moderno” y equivale a certificar que nuestro Puerto Rico moderno, es más atrasado que el resto del mundo; dirigido por funcionarios incapaces de emular el perdón y la misericordia cristiana que predican.

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