Alvin Padilla Babilonia

Punto de vista

Por Alvin Padilla Babilonia
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De Lúgaro y Cidre a Eliezer Molina

El licenciado Ismael A. Molina Villarino es coautor de esta columna.


La Comisión Estatal de Elecciones certificó ayer a Eliezer Molina como candidato independiente a gobernador luego de que el Tribunal de Primera Instancia resolviera que solo tenía que presentar 8,000 endosos. Por su parte, hace cuatro años, Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre tuvieron que presentar 26,882 endosos. En esos cuatro años la ley no fue enmendada por nuestros representantes. Solo bastó una interpretación de un tribunal. Nadie pone en duda que los tribunales deben interpretar las leyes. Pero cuando la interpretación tiene un efecto tan dramático como este, debemos examinar cuán legítima es esa interpretación y qué nos dice sobre cómo las cortes inciden en los procesos electorales.

La norma en controversia es el Artículo 8.012 de la Ley Electoral. Ese artículo tiene dos incisos. El primero dice que “[c]ualquier elector que desee concursar en unas primarias” a gobernador deberá presentar 8,000 endosos. Llamémosle a esto el tope de 8,000. Por otro lado, el segundo inciso dispone que los partidos por petición y los candidatos independientes deberán presentar “la cantidad de peticiones de endosos para primarias” equivalentes al 3% de los votos obtenidos por el gobernador electo en las elecciones pasadas. Llamémosle a esto el 3% de los votos obtenidos.

Hace cuatro años, en un artículo titulado “Las nuevas reglas del juego electoral”, advertíamos cuán impreciso era este artículo, pues ambos incisos hablan de “primarias”, a pesar de que un candidato independiente nunca irá a una primaria. Sin embargo, entendíamos que los candidatos independientes tenían que presentar el 3% de los votos obtenidos. En cambio, el tope de 8,000 aplica a los candidatos de partidos políticos—quienes retuvieron su franquicia electoral—que vayan a primarias. Es bajo esta interpretación que Lúgaro y Cidre presentaron 26,882 endosos: el 3% de los votos obtenidos por el gobernador electo en las elecciones de 2012. 

Cuatro años más tarde el mismo texto sigue vigente. Por esta razón, la CEE le pidió a Eliezer Molina el 3% de los votos obtenidos por el gobernador electo: un poco menos de 20,000 endosos. Eliezer impugnó este requisito, pues entendió que le aplica el tope máximo de 8,000 endosos. El Tribunal de Primera Instancia le dio la razón, pues concluyó que ante la ambigüedad de los dos incisos el tope de 8,000 es más consistente con la intención legislativa y con la Constitución. Como cuestión de principios, favorecemos el acceso a la papeleta. No obstante, la interpretación del foro primario no fue consistente con el texto de la ley ni su historial legislativo. 

El Artículo 8.012 se establece por primera vez en el Código Electoral de 2011. Ese artículo era un párrafo extenso y no estaba dividido en incisos, distinto al texto actual. Sin embargo, establecía que el candidato a primarias para la gobernación de un partido político debía presentar 10,000 endosos, mientras que los candidatos de un partido por petición y los candidatos independientes debían presentar endosos equivalentes al 1% de los votos válidos obtenidos por todos los candidatos a gobernador. Esta diferencia de establecer un tope para los partidos políticos, pero 1% de los votos para los partidos por petición y candidatos independientes significó que para algunos puestos políticos los candidatos independientes tenían que recoger más endosos que los candidatos de partidos políticos, pero para otros puestos tenían que recoger muchos menos endosos. 

En diciembre del 2011, la Asamblea Legislativa enmienda el Artículo 8.012 del Código Electoral. La exposición de motivos sugiere que hay una diferencia entre los requisitos que aplican a los “partidos que retuvieron su franquicia electoral” y “el caso de candidatos independientes y partidos por petición” donde “se flexibiliza aún más a solo un por ciento”. Conforme con esta lógica, se dividió el Artículo 8.012 en dos incisos. El primer inciso, que establecía un tope o un requisito de endosos equivalentes al 4% de los votos, es para los partidos políticos que retuvieron su franquicia electoral y que van a primarias. Es evidente que las menciones de candidatos en este inciso se refieren a candidatos cuyos partidos participaron en las elecciones pasadas: “el candidato de su partido político”, “candidatos de su partido político”, “candidatos que postuló dicho partido político”, “los candidatos de su partido político en las elecciones generales”. 

En cambio, el segundo inciso, que requiere solo el 1%, regula a los partidos por petición y a los candidatos independientes. La mención a “primarias”, aunque confusa, debe limitarse únicamente a los partidos por petición, si desean celebrar primarias. Por otro lado, si la Asamblea Legislativa hubiese querido establecer un tope para los candidatos independientes y los partidos por petición hubiese dicho que tienen que entregar el 1% de los votos obtenidos o el tope, lo que sea menor. Este lenguaje se utilizó en el primer inciso (4% o el tope, lo que sea menor), pero se omitió en el segundo.  

En el 2014, el Artículo 8.012 se enmendó una vez más, pero mantuvo la diferencia en requisitos. Esta nueva enmienda liberalizó los requisitos para los candidatos a gobernador de los partidos políticos (8,000 endosos, en lugar de 10,000), pero dificultó el acceso a la papeleta de los candidatos independientes (3% de los votos para el gobernador electo, lo cual de ordinario es mayor que el 1% de todos los votos obtenidos). Informes presentados demuestran que redujeron los endosos a los partidos para “permitir que más candidatos puedan inscribirse para las primarias”. En cambio, “los candidatos independientes usarán como base para determinar la cantidad de peticiones de endosos para primarias el tres por ciento (3%) de los votos válidos, ya no el uno por ciento”. Es decir, del texto y del historial legislativo se desprenden dos grupos de requisitos: (1) unos para los candidatos a primarias de partidos políticos, y (2) otros para los partidos por petición y los candidatos independientes. 

Si el Tribunal de Primera Instancia hubiera realizado este ejercicio interpretativo tenía que exigirle a Eliezer Molina el equivalente al 3% de los votos, igual que a Alexandra Lúgaro y a Manuel Cidre en el 2016. Una vez resuelto esto, el Tribunal podía examinar su constitucionalidad. No obstante, los tribunales tipícamente han validado exigir requisitos distintos entre los candidatos de partidos que ya demostraron apoyo electoral al quedar inscritos y los partidos y candidatos emergentes. En ese sentido, la Constitución no limita la facultad de la Asamblea Legislativa en distinguir entre estos dos grupos. Sin embargo, nada impide que se enmiende la ley para facilitar el acceso a la papeleta. 

Por la decisión del Tribunal de Primera Instancia, Eliezer Molina es oficialmente candidato a gobernador. Pero la decisión de un tribunal inferior no establece ningún precedente. La controversia permanecerá en elecciones futuras. Ojalá los cambios futuros sean producto del proceso legislativo y de una amplia discusión pública, en lugar de decisiones incompletas de nuestros tribunales. 


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