Wilma E. Reverón Collazo

Tribuna Invitada

Por Wilma E. Reverón Collazo
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¿De quién es la deuda?

Dice un viejo refrán que la culpa es huérfana. Algo así le sucede a la deuda: ahora resulta que nadie tiene responsabilidad por ella. Veamos si eso es correcto.

Llevamos décadas haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados. Se le dan “incentivos” a los inversionistas extranjeros para que hagan negocios en Puerto Rico: de 0 al 4% de contribuciones sobre el capital que generan; subsidios en la electricidad, agua, pagos de nómina; acceso a tierras y plantas con pagos a veces irrisorios en concepto de rentas o de venta. ¿Produjeron los empleos masivos que prometían? No. ¿Reinvirtieron parte significativa de las ganancias en el país? No. ¿Fueron responsables con el medio ambiente de Puerto Rico? No. Pregúntemos a los de Barceloneta, Peñuelas, Cidra sobre las condiciones en que han dejado los ríos, las costas y las tierras a sus alrededores.

Esta política de “desarrollo económico” lo que ha producido es extracción de capital producido en el país, emigración, falta de liquidez para las operaciones del Gobierno, privatización de bienes públicos, explotación de recursos naturales, contaminación ambiental, destrucción de todo el comercio local (farmacias, tiendas al detal, suplidores de alimentos), destrucción de la agricultura, la ganadería y la avicultura y, finalmente, lo denunciado por décadas desde el movimiento independentista: la quiebra.

Sólo se han beneficiado los empresarios estadounidenses y la partidocracia que se ha turnado en el poder. La corrupción se ha entronizado en cada piso del Gobierno y la única forma de hacer negocio es a través del clientelismo político.

¿Quién debe responder por este desastre administrativo y fiscal? Los que ostentan la soberanía de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos y los representantes de sus intereses políticos y económicos en Puerto Rico, porque todo lo que se ha hecho aquí ha sido con el beneplácito y apoyo de los de allá.

Los tímidos intentos de defender lo nuestro (certificados de necesidad y conveniencia, Ley 75) siempre se ha estrellado con la cacareada libertad de comercio y el libre mercado. La libertad de comercio para ventaja de los de Estados Unidos, el libre mercado para los productos de Estados Unidos, los cuales no pueden ser tocados ni con un pétalo de rosa.

Pongámosle un valor a los daños que hemos sufrido como consecuencia de esta relación colonial que después de 117 años nos ha dejado entre los lobos de Wall Street y los buitres de los “hedge funds”. ¿Cuánto valían esas farmacias de la comunidad para sus dueños, sus empleados y sus clientes? ¿Cuánto valían las empresas nativas de venta al detal, de venta de alimentos? ¿Cuánto nos cuesta no producir nuestros propios alimentos y tener que importarlos en la Marina Mercante de Estados Unidos? ¿Cuánto valen las tierras de Culebra, Vieques, Buchanan, Sabana Seca, Ramey, Ceiba? ¿Y el agua que consumieron y consumen las bases militares? ¿Y la contaminación ambiental dejada por el Departamento de Defensa, las petroquímicas y las farmacéuticas? ¿Cuánto vale la pérdida de la población a causa de la emigración masiva, el rompimiento de vínculos familiares? ¿Cuánto vale la pérdida de personas preparadas en nuestras escuelas y universidades forzadas a emigrar en busca de un empleo digno para sí y sus familias?

¿Quién le debe a quién? Ni saldando los $73,000 millones y la deuda de las corporaciones públicas, Estados Unidos llegaría ni cerca de pagar la deuda que tiene con este pueblo. Después de todo, no llegaron aquí por invitación nuestra. Tienen una deuda económica y moral con este pueblo. Es hora de que la asuman y la paguen.

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