Jaime Lluch

Tribuna Invitada

Por Jaime Lluch
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Derecho penal y soberanismo

“Cuando la política entra en el Palacio de Justicia, la Justicia salta despavorida por la ventana,” escribió el dramaturgo italiano Ugo Betti. El Economist Intelligence Unit en su más reciente “Índice sobre la Democracia” advirtió que España está a riesgo de ser catalogada como una “democracia fallida,” debido a la brutalidad policíaca en el pasado referéndum de auto-determinación catalán, la judicialización crasa de la política, y el encarcelamiento injustificado de políticos y líderes soberanistas. En 2017, ocupaba el último puesto de las “democracias plenas.” ¿Qué está pasando en el estado español?

Hace varios meses que en España están encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart. No tienen el derecho a la fianza y no se les ha juzgado sobre los delitos imputados. Todos son creyentes en una idea política: que la soberanía de Catalunya es conveniente para los residentes de esa sociedad nacional sub-estatal, la cual tiene una clara personalidad nacional desde hace siglos. Ninguno ha abogado por la violencia ni ha utilizado medios violentos. Han abogado por sus ideas a través del uso del derecho a la libre expresión y la libre asociación. Los primeros dos son políticos y miembros del gobierno catalán destituido por el gobierno de Mariano Rajoy en Madrid, y en todo momento estaban actuando dentro del ámbito parlamentario o del ejecutivo catalán. Los últimos dos eran miembros bona fide de la sociedad civil. También se busca al Presidente Puigdemont por imputaciones similares.

De acuerdo al derecho penal español y a un catedrático distinguido:

1) La imputación de sedición y rebelión contra Carles Puigdemont y otros miembros de su gobierno parece incorrecta. Para que exista sedición (art.544 Código Penal, CP) debería haber una sublevación pública y tumultuaria. Este último elemento, como mínimo, resulta muy difícil si no imposible de constatar en este caso. Las actuaciones no han provocado desórdenes públicos. En relación con la rebelión (art. 472 CP), no se da la violencia que aparece en la definición del delito. Dicho esto, tendría más base la acusación de desobediencia (a las resoluciones del Tribunal Constitucional) del art. 410 CP y tal vez la malversación de fondos públicos (art. 432 CP).

2) En el caso de Sánchez y Cuixart, el delito de sedición también parece excesivo. Es cierto que en una concentración de siete horas se destrozaron tres coches de la Guardia Civil, pero ha habido más violencia en muchas manifestaciones en las que las acusaciones han sido de desórdenes públicos (art. 557 CP), con menores penas de prisión.

3) En derecho español la prisión provisional se justifica en tres supuestos: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o riesgo de reiteración del delito (el que se le investiga). El juez instructor se basa sobre todo en el tercero, y cabe considerar que resulta una prevención excesiva. La aplicación del art. 155 de la CE, que suspende el autogobierno catalán, hace imposible que desde fuera del gobierno puedan volver a cometer los delitos que supuestamente han cometido.

Es inconcebible que a un Rubén Berríos Martínez o a una María de Lourdes Santiago se le encarcelara meramente por abogar a favor de su creencia política: la soberanía de su pueblo.

También es imposible que se encarcele a Alex Salmond o Nicola Sturgeon del Scottish National Party por ser creyentes en una Escocia independiente. Pero, no es así en España. Como dijo el abogado británico Ben Emmerson, experto en derechos humanos, lo que está pasando es un “caso clásico de detenciones políticas arbitrarias.”

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