Jorge Farinacci Fernós

Tribuna Invitada

Por Jorge Farinacci Fernós
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Derechos positivos y la educación pública

Muchos de nuestros derechos tienen un efecto negativo. Con eso no me refiero a si son buenos o malos, sino a cómo operan. Un derecho es negativo cuando nos protege contra la acción de otro. Por ejemplo, nuestro derecho a la libertad de expresión impide que el gobierno nos castigue por lo que decimos. Pero también hay ciertos derechos que tienen un efecto positivo. Se trata de derechos que nos permiten exigir que otro actúe. Un ejemplo de esto es el derecho de la ciudadanía de exigir la entrega de información pública en manos del Estado. Otro es el derecho de las personas acusadas de delito que no pueden pagar abogados, a que el gobierno les asigne representación legal.

A veces, estos derechos positivos son contra el Estado. En otras ocasiones, estos derechos se pueden exigir frente entes privados. Un ejemplo de esto es la garantía constitucional que tienen los trabajadores de la empresa privada a condiciones seguras y salubres de trabajo. En caso de que el patrono privado incumpla con este deber, los trabajadores pueden exigirlo legalmente.

No se trata de un fenómeno puramente puertorriqueño. Hace varios años, el Tribunal Constitucional de Sur África, cuya Constitución es muy parecida a la nuestra, determinó que existen ciertos derechos sociales fundamentales que tienen un efecto positivo -como el derecho a la salud y la vivienda-, por lo que el gobierno no puede ignorarlos. Por el contrario, el Estado tiene un deber constitucional de ponerlos en vigor. En particular, se resolvió que el gobierno viola estos derechos, no meramente cuando los suprime totalmente, sino también cuando la forma en que los ofrece es totalmente insuficiente. En estos casos, la insuficiencia equivale a violar el derecho en su totalidad.

Actualmente se debate si el Departamento de Educación ha incumplido con su deber constitucional al mantener cerradas varias escuelas públicas. En particular, si esto constituye una violación al derecho constitucional positivo a una educación pública. Se trata de una obligación que surge del propio texto de la Constitución. Es un derecho positivo que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que garantice el ejercicio de dicho derecho. Lo anterior no significa que el gobierno no tiene discreción en cuanto los detalles de cómo se ofrecen los servicios educativos. Pero mantener decenas de escuelas cerradas de forma injustificada constituye una violación constitucional que requiere la intervención de los tribunales.

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