Alba Nydia López Arzola

Punto de vista

Por Alba Nydia López Arzola
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Derechos que no admiten suspensión en emergencias

En una columna anterior comentaba que las medidas para atender situaciones pandémicas no suspenden los derechos fundamentales. Hoy presento un núcleo importante de derechos que, según el sistema interamericano de derechos humanos, no admiten suspensión o enfoque restrictivo alguno. 

El derecho a la vida es el más importante de este núcleo, siendo la salud la columna que lo sostiene. Este derecho viabiliza la aspiración a que todos los puertorriqueños disfruten de un nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por lo transcendental de la vida y la salud, en la emergencia actual hemos acatado como necesarias las restricciones impuestas a la libertad de movimiento y de reunión. 

En segundo lugar, está el derecho a la protección de la integridad personal que, en su vertiente negativa, impide la tortura y los tratos o las penas crueles, inhumanas y degradantes. En su vertiente positiva, requiere la protección a toda persona contra ataques abusivos a la intimidad personal y familiar, también contra riesgos a la salud o la integridad en el lugar de empleo. 

En tercer lugar, están los derechos políticos como el derecho de petición a la reparación de agravios, de información pública y de exigir a los funcionarios el cumplimiento de los deberes legales de sus cargos. La libertad de expresión y de prensa también son esenciales para la realización plena de estos derechos. 

Para viabilizar lo anterior, tenemos el derecho a las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos inderogables. El poder judicial tiene que estar disponible para juzgar de forma independiente e imparcial la legalidad de las actuaciones gubernamentales. Desde la convencionalidad interamericana, se entiende que el recurso de hábeas corpus, que tutela de manera directa la libertad, evita las detenciones arbitrarias y garantiza el respeto a la vida y a la integridad personal, no puede ser suspendido. Además, tienen que haber otros mecanismos procesales que permitan reclamar la protección más inmediata y eficaz contra la violación de derechos. 

Desde la orden de confinamiento y de suspensión de las actividades no esenciales por la COVID-19, la Rama Judicial de Puerto Rico estableció adecuadamente los asuntos que en medio de esta emergencia deben ser atendidos por los tribunales. Así están disponibles las órdenes de protección, las solicitudes de traslado de menores fuera de la jurisdicción, la atención de asuntos urgentes de familia y de menores, las órdenes de ingreso involuntario y los recursos extraordinarios como el mandamus que viabiliza el derecho a petición, los interdictos que evitan daños irreparables y el hábeas corpus.  Por lo tanto, en este momento las personas de edad avanzada, los niños y las víctimas de violencia doméstica tienen disponibles las salas de investigaciones de los tribunales como su primera línea de defensa para sus circunstancias particulares de vulnerabilidad, al igual que los ciudadanos tienen a su disposición medidas procesales para validar las referidas garantías. ¡Queda prohibido el olvido de nuestros derechos!  

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