Francisco Moscoso

Punto de Vista

Por Francisco Moscoso
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Desde la historia, un jalón de oreja al presente de coronavirus

El 30 de agosto de 1738, en plena temporada de tempestades naturales, un huracán azotó a Puerto Rico. Las descripciones de sus efectos sugieren que fue uno muy fuerte. El hecho fue tratado por los alcaldes Baltazar Montañez Mujica y Miguel Pizarro (entonces se elegían dos para alternarse en las tareas o por si uno enfermaba), y el teniente y regidor (concejal principal) José de Castro, con Francisco de Sotres fungiendo de escribano en la reunión del Cabildo de San Juan (ayuntamiento municipal) del 22 de octubre. Consta en las Actas publicadas por el Gobierno de la Capital en 1966.

Los oficiales discutieron qué hacer para “alivio y remedio de las públicas necesidades que padece toda esta república después de la ruina total de los frutos motivada de la tormenta que padeció esta isla el día treinta de agosto”. Antiguamente, y en su significado etimológico, “república” (del latín, res pública, la cosa pública) quería decir tratar y dar solución a los asuntos públicos concernientes y en beneficio a todo el pueblo.

Entre las medidas adoptadas por el Municipio junto al gobierno -  “para remedio de la vida humana”, según expresaron – ordenaron recoger todo lo que se pudiera de los platanales caídos, de los maizales y arrozales.  “Repartido todo con la equidad y tasa que se dispuso por el señor gobernador y por su propia mano”, ello hizo “tolerable la carestía” por unas semanas. Como primera medida, pues, se dispuso un repartimiento comunitario de alimentos básicos.  Al agotarse estos recursos alimenticios, sin embargo, observaron que si no tomaban otra “providencia extraordinaria es imposible remediar tan imponderables necesidades generales en ricos y pobres por estar ya todos reducidos a un pedazo de carne, cuando la alcanzan, sin verduras ni otra vitualla con que comerla”. El huracán devastador les recordó a todos la realidad social, no individualista y cortada en clases sociales, de la existencia humana.

Apuntaron una consecuencia terrible de las apremiantes necesidades: “de que resulta que los padres abandonan a sus familias; las madres no tienen con qué acallar a sus niños ni ellas con qué sustentarse ni a quién pueden volver los ojos para el más leve alivio pues el dinero (que no tienen) no les hace falta por no hallar en qué emplearlo”.

Se alertó del peligro de padecer una hambruna. Hasta obtener las nuevas cosechas de arroz, maíz, calabazas, batatas y ñames, entre las mencionadas, una solución fue la de enviar una goleta a Santo Domingo a procurar víveres. De ello esperaban “muy corto alivio” de 15 días, si es que regresaban con un cargamento, y sin saber si la isla hermana también había sido azotada por el huracán.

La “providencia extraordinaria” fue solicitar al gobernador permiso para traer harinas a la mayor brevedad de las islas extranjeras, a pesar de la prohibición de comercio con ellas “porningún pretexto”.  Había que hacer una excepción en casos de “urgentísima necesidad”, argumentaron los oficiales, “por mirar a la ley natural que es conservar la vida humana”. 

Otra verdad a pesar de las desigualdades sociales impuestas por factores de clases, históricamente determinadas: la humanidad es una y sus necesidades materiales de la vida son comunes. Esa excepción, opino yo, debería ser la regla general.  Pues hay que valorar la vida humana – y todos los géneros de vida - no solo cuando suceden calamidades sino en todo momento y en todas las circunstancias.

Entre otros destrozos causados por el huracán indicaron el del Puente de San Antonio que conectaba a la isla grande con la isleta de San Juan. El procurador don Diego de la Torre solicitó al gobernador que diera orden a “los negros de Cangrejos” de cortar estacas para las reparaciones del puente y que aplanaran el camino de acceso al mismo. También pidió la limpieza de los desagües de la ciudad.  Por otra parte, solicitó que no se permitiera a los regatones, como llamaban a los pequeños vendedores, comprar víveres en el campo para sacar provecho revendiéndolos luego a precios subidos.

El episodio que relatamos saca a relucir problemas y realidades que continúan aquejando a Puerto Rico: la subordinación colonial, el impedimento de comercio libre, la dependencia alimentaria, la precariedad de la infraestructura, y los oportunistas que buscan sacar provecho propio hasta de cualquier catástrofe.

Hoy se debate en Puerto Rico el asunto de la “reactivación de la economía”. Ciertamente, la economía es la base de la sociedad y guía de la política. Pero, para empezar, sin gente viva y saludable no hay sociedad. De manera que hay que proceder con mucho cuidado.

No se trata de solo reabrir la economía (¿la existente sin cambios?) y mucho menos en un panorama de incertidumbre científica sobre el curso del coronavirus en Puerto Rico. Hay que tener un proyecto de sociedad más allá de las migajas de unos cheques de $500 o $1,200: pueden ser ayudas momentáneas, pero son paliativos y muy efímeros. Se gastarán tan pronto se reciban, ¿y después qué?

Es necesario elaborar un Programa de Desarrollo Económico con visión de un Puerto Rico sustentable en todo lo que puede y no constantemente dependiente de los desembolsos de fondos federales por cuya administración se la pasan peleando los partidos que tradicionalmente han gobernado al país. Quién trajo los fondos, cuántos fondos. A fin de cuentas, con toda la retórica populista que los caracteriza (ahora se cantan defensores de los trabajadores), a la administración del presupuesto colonial es a lo que realmente se dedican y con ese objetivo celebran primarias y las elecciones generales.

Hay algo irónico en el episodio del pasado histórico que recordamos; quizás es un jalón de oreja al presente. En el siglo 18 Puerto Rico estaba sometido al absolutismo monárquico y al régimen del despotismo colonial de la primera era de la dinastía Borbón.  Ante una catástrofe como la del huracán de 1738, sin embargo, los oficiales responsables de la “república” centraron su atención inmediata en las necesidades sociales y públicas, y dieron prioridad a la vida humana y su sustento. Pero sus esfuerzos en esa dirección tropezaron con los obstáculos e imposiciones del mercantilismo comercial imperante.

En el siglo 21 Puerto Rico está sometido a los dictámenes del Congreso de Estados Unidos por medio de su Junta de Control Fiscal y de una jueza federal.  Ante el clamor por la salud pública y los intereses sociales primero, procuran prevalecer los criterios e intereses del neoliberalismo empresarial dominante.


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