Federico Hernández Denton

TRIBUNA INVITADA

Por Federico Hernández Denton
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Designación y asignación de jueces

La aprobación del Proyecto del Senado 775 que dispone que el Tribunal Supremo en pleno “designará y asignará los jueces para celebrar sesiones en el Tribunal de Primera Instancia”, ha originado debate sobre su validez constitucional, particularmente porque despoja a la Presidencia del Tribunal Supremo de facultades históricamente consideradas como administrativas.

El proceso constitucional de Puerto Rico de los años 50 arroja luz sobre el alcance de las facultades conferidas a la Presidencia del Tribunal Supremo. Quienes favorecen que la medida se convierta en ley se confrontan con sólidos argumentos claramente presentes a lo largo del debate constituyente. Pero en una dimensión práctica, la aprobación del proyecto también origina importantes cuestionamientos sobre la conveniencia de delegar a un tribunal colegiado la facultad de asignar jueces a salas judiciales, independientemente de la capacidad, compromiso y conocimiento de sus miembros.

El Poder Judicial puertorriqueño está conformado por 386 jueces de las tres instancias judiciales. La gran mayoría de ellos (338) son jueces de primera instancia (superiores y municipales) asignados a salones de sesiones distribuidos en 13 regiones judiciales. Un día cualquiera, cada juez atiende decenas e incluso cientos de casos y asuntos. Así ocurre, por ejemplo, cuando se atienden procesos especiales, tales como, las audiencias para imponer desacato por el impago de una pensión alimenticia, cobros de dinero de menor cuantía o revisiones de boletos de tránsito. La autoridad para intervenir en estos casos se deriva, por un lado, de la nominación, confirmación y juramento al cargo judicial, y por otro, por la designación efectuada a un salón de sesiones en particular.

Las designaciones no ocurren en el vacío y suele ser un proceso complejo. Además, estas designaciones van de la mano de una facultad general que la Presidencia confiere a los jueces que administran cada región judicial para hacer asignaciones particulares según las circunstancias en cada región.

La manera en que operan los tribunales exige esa flexibilidad. La ausencia de un juez en un tribunal un día de trabajo -por vacaciones, enfermedad, u otra razón- obliga a designar un juez suplente que atienda las decenas o cientos de asuntos pautados para ese día. No hacerlo, implicaría la suspensión de todos los casos pautados y la pérdida de tiempo para abogados, partes, peritos y testigos que hayan acudido al tribunal. Implicaría, además, la imposibilidad de conceder un remedio a tiempo a quienes acudieron al tribunal en busca de solución a un problema que afecta su propiedad, su seguridad, su vida.

Esa designación excepcional y provisional se realiza de manera inmediata, en coordinación con la Oficina de Administración de los Tribunales y la Presidencia del Tribunal Supremo. Ocurre de manera flexible y rápida. Sujetarla a la intervención de un foro colegiado daría al traste con la celeridad requerida.

La disposición contenida en el Proyecto del Senado 775 sobre este tema implica, además, judicializar un proceso administrativo que debe estar ajeno al debate colegiado característico de un foro de máxima instancia. El desacuerdo en un foro como el Tribunal Supremo se exterioriza mediante votos o expresiones particulares disidentes cuando no puede ser superado con el diálogo. Sujetar el proceso de designación de jueces a salas judiciales a esa dinámica incorporaría un elemento extraño a un proceso que, aunque complejo, requiere que se atienda con premura. Supondría incorporar una dinámica que, aunque es esencial en el proceso judicial deliberativo, sería contraproducente para la eficiencia administrativa.

En fin, a Puerto Rico le conviene que sus juezas y jueces asociados, a quienes estimo y aprecio, dediquen su tiempo a la gestión que se les delegó constitucionalmente, adjudicar los casos y controversias, y no a funciones administrativas.

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