Graciela Roig Casanova

Punto de vista

Por Graciela Roig Casanova
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Desmantelan el Plan de Retiro de la UPR en plena cuarentena

La Universidad de Puerto Rico (UPR) es reconocida a nivel mundial por su calidad académica y por la contribución de sus egresados en todas las disciplinas a través de la investigación científica, publicaciones, creaciones, soluciones a problemas sociales y cambios entre otros. En la historia de nuestro país la mayoría de los gobiernos han valorado la importancia que la UPR tiene en el desarrollo de sus ciudadanos y el derecho que tiene cada uno de poder recibir esta valiosa educación. 

El retiro de un empleado de la UPR fue siempre un beneficio marginal valioso que compensaba la desigualdad salarial recibida entre un empleado de una institución de educación superior en Puerto Rico y uno en Estados Unidos. Ayudaba a reclutar los mejores recursos para la institución. Este Plan de Retiro, que es un fideicomiso (“trust”), fue muy bien administrado por décadas por la Junta de Gobierno de la UPR. La Junta de Retiro de la UPR ha velado por esto a través de la historia. 

Una vez comienza la crisis económica en nuestro país, causada por nuestros gobernantes y sus administradores, se resalta la situación precaria del Plan de Retiro de los empleados del gobierno y la inmensa deuda que este tenía con ese plan. Sin embargo, el Plan de Retiro de la UPR se distinguía por su excelente administración y su sólida situación económica; sobre todo, por un fideicomiso que no es comparable con los planes de retiro del gobierno.  

El gobierno actual decide reducir los fondos de la UPR por más de la mitad en su presupuesto. Consideran la educación superior como un privilegio y sus decisiones responden a esta premisa. La gobernadora ha ignorado las solicitudes que se le han realizado para que apoye a la UPR y le devuelva sus fondos. Las personas que seleccionaron para pertenecer a la Junta de Gobierno de la UPR identificaron su deseo de desmantelar el Plan de Retiro desde que llegaron y para eso han trabajado. También, el presidente seleccionado a dirigir la UPR no responde a los intereses de los constituyentes sino al gobierno que lo seleccionó. Los universitarios recomendaron candidatos que no fueron seleccionados pues ninguno se iba a prestar a seguir los planes de este gobierno de destruir la UPR. La administración universitaria forma parte activa de este desmantelamiento y publica el nuevo plan de retiro en medio de la cuarentena. 

Dejar de enviar las contribuciones patronales que le corresponde a la Junta de Gobierno viola el derecho de recibir la pensión a miles de jubilados que forman parte del Fideicomiso de Retiro y cuentan con ese beneficio adquirido para satisfacer sus necesidades básicas en estos momentos difíciles de sus vidas. Como dice Noam Chomsky (2016): “…defund, make sure things don’t work…”.  Justamente esto es lo que está haciendo la Junta de Gobierno de la UPR, contraviniendo sus deberes para con el Fideicomiso (“trust”). El gobierno tiene el deber de defender y proteger la UPR y su Sistema de Retiro.

La UPR es uno de los valores más importantes de nuestro país y la futura educación de nuestros hijos. Ha permitido la movilidad social y económica de sus ciudadanos.  ¿Queremos un gobierno que ataque nuestra Universidad? Necesitamos un gobierno que la defienda a la UPR y que le restituya los fondos para poder administrarla adecuadamente. Exhortamos a la Legislatura a continuar apoyando a la UPR y a nuestro Sistema de Retiro.  

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