Francisco A. Catalá

Tribuna Invitada

Por Francisco A. Catalá
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Desorden Institucional

Cuando no hay orden prevalece el caos. Entonces todo queda inscrito en una nube de incoherencia, de información contradictoria, de falsas expectativas, de incertidumbre, de torcidos contratos entre el sector público y el privado, de corrupción generalizada… Los pasos desacompasados del desentonado dúo del gobierno y de la Junta de Supervisión (Control) Fiscal, inspirados en erradas políticas de austeridad y desmantelamiento institucional acompañadas de absurdos y generosos contratos, abonan al caos. A todo esto se suma el desbarajuste ministerial. A varios desastres, como los de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Educación, hay que añadir el de Hacienda.

Nada de esto es nuevo. Estos males, como las enfermedades, se incuban poco a poco. Uno de los mejores ejemplos de tal fenómeno es el muy citado manejo de la deuda pública de Puerto Rico: antes y ahora, tanto para contraerla como para reestructurarla, ha estado lastrado de desatinos.

Se emitió mal. Basta citar algunos de sus adjetivos – inconstitucional, extra-constitucional, ilegítima – para apercibirse de ello. La mala emisión se condimentó con “irregularidades” en el proceso de intermediación.

Se usó – al menos en parte – mal. Tanto en el gobierno central como en las corporaciones públicas se entronizó el vicio de usarla para financiar gastos operacionales. El colmo fue Cofina (Corporación para el Financiamiento de Interés Apremiante), creada para otorgarle fuente de repago a la deuda que carecía del mismo para luego caer en el viejo vicio de emitir deuda para cubrir gastos operacionales de diversos programas gubernamentales.

Ahora se está reestructurando mal. Por el camino escogido no podrá cumplirse con las obligaciones contraídas. No se han considerado una serie de recomendaciones, de “allá” y de “acá”, que pueden resumirse en cinco vectores o rutas críticas: auditoría, quita, bono de crecimiento, plan de desarrollo y rearticulación política.

La auditoría serviría el propósito de separar el grano de la paja. Una vez identificada la deuda legítima se dispondría la quita o descuento de rigor. El compromiso de pagar se ataría a un bono de crecimiento de la economía y de la recaudación, convirtiéndose esto en objetivo de acreedores y de deudores. Pero para lograr tal crecimiento tendría que concertarse un plan de desarrollo económico con los ajustes políticos que el mismo requiera. ¡Hasta los propios autores de la notoria ley Promesa han abogado por la superación de la condición colonial! ¿Difícil? Ciertamente. Pero necesario.

Mientras tanto, los que detentan el poder se empantanan en un lodazal de corrupción. ¿Cómo cumplir en semejantes condiciones con la agenda  que el país requiere? ¿Qué posibilidades tiene la concertación para forjar un verdadero plan de desarrollo con el instrumental político que el mismo necesita? ¿Cómo lidiar efectivamente con la deuda? ¿Dónde está la estrategia para el uso eficaz de losfondos de reconstrucción vinculados al desastre provocado por el huracán María?

Puerto Rico está en crisis. Pero no se trata meramente de insostenibilidad de la deuda o de insuficiencia fiscal. Se trata de una profunda crisis económica, social, política y moral. Para salir de ella hay que acabar con el perverso juego político de las sillas en que siempre terminan sentados los que no están a la altura de los problemas. No pueden enfrentar la crisis porque son parte integral de la misma.

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