Manuel Rivera

Desde la Diáspora

Por Manuel Rivera
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Deteriorada la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos

Debemos recordar el 6 de noviembre de 2012 como recordamos el 4 de julio.  Aquel día, el pueblo por primera vez habló claramente. El cincuenta y cinco por ciento de los votantes registrados expresó su voluntad de cambiar la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ese día cesó la era del colonialismo por consentimiento en Puerto Rico. Pero lo decepcionante es que el gobierno de Estados Unidos no se ha movido a atender el estatus político. 

La Constitución estadounidense establece que el Congreso tiene la responsabilidad de definir la relación entre el gobierno federal y sus territorios. El rol del presidente Donald Trump y del Congreso es evaluar y poner en marcha un plan que responda a la decisión de los puertorriqueños para ponerle fin al estado colonial en que vivimos.

Los datos demuestran que más de 1.8 millones de votantes participaron en el plebiscito de 2012. Los resultados indican, además, la voluntad del pueblo y el rechazo a la actual relación de subordinación política con Estados Unidos. 

Ante esta realidad, el Congreso se ha hecho de la vista larga. Les ha dado la espalda a sus propias creencias democráticas que tanto les exigen a otros países, y frena e ignora cualquier intento significativo que desvele un mecanismo, en obediencia a la ley internacional, para poner fin al colonialismo. 

Lo expresó claramente el congresista Raúl Grijalva, de Tucson Arizona, cuando estuvo en la isla para celebrar audiencias públicas sobre el tema del retraso en las ayudas federales para la recuperación del huracán María y las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal. Lo dijo, con toda sinceridad: estamos cortos de tiempo para tocar el tema del estatus, en un español oriundo de la frontera de Agua Prieta. Grijalva preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en el Congreso con jurisdicción sobre los asuntos financieros y políticos de la isla y es el único que puede mover el tema en su comité.

El pueblo de Puerto Rico ha hablado claro. Ahora le toca al gobierno de Estados Unidos expresar su voluntad política para cambiar la relación entre nuestras dos naciones. El gobierno federal debe comprometerse y actuar con rapidez, y a la misma vez, implementar los mecanismos necesarios para hacer cumplir nuestro mandato conforme con la ley internacional.

Como se ha indicado en dos informes del Grupo de trabajo presidencial: “Si el proceso produce un resultado claro, el Congreso debe actuar rápidamente con el apoyo del presidente". (Ver Informe del Grupo de trabajo presidencial sobre Puerto Rico bajo el presidente Bush, diciembre de 2007, página 23, y Presidential Task Report, marzo de 2011, página 3 bajo el expresidente Obama). Qué más claro pudo hablar un pueblo cuando el 55 por ciento de los votantes, mediante un proceso democrático, usó su voto para rechazar el estatus colonial.

La relación entre Puerto Rico y el gobierno federal se ha deteriorado. Hasta ahora, la respuesta del gobierno federal a nuestro mandato de 2012 ha sido contraria a lo que podía esperar el 55 por ciento que ejerció su voto confiado en el cambio. 

En vez de crear procesos para mejorar nuestra relación política con la metrópolis, han encrudecido el régimen colonial y han creado medidas que nos empujan al precipicio, despojándonos del poder político para atender nuestros asuntos locales. El Congreso, avalado por el ejecutivo y la rama judicial, implementa arbitrariamente leyes que desmantelan el bienestar de muchos puertorriqueños. Controlan la forma en que manifestamos nuestras tradiciones y cultura, y actúan como microgestores de nuestras finanzas. Hasta nos limitan la forma de administrar los presupuestos municipales. Los ejemplos más recientes están en la creación de la Junta de Control Fiscal que supervisa el manejo de las finanzas de Puerto Rico con un poder mayor al que tiene el gobierno central local, cuyos miembros fueron elegidos democráticamente por el pueblo. 

Por otro lado, han prohibido el deporte del pico y las espuelas, lo que para bien o para mal debería ser nuestra decisión y no la de un ente extranjero si es correcto entretenernos con dicho pasatiempo. Es una tradición de más de 500 años, y ahora la metrópolis ha forzado a los entusiastas de este deporte a las jugadas clandestinas. 

¿En qué país se ve a la gente obligada a practicar su cultura a escondidas de las autoridades, y a estar sujeta a ser condenada a prisión?  Se oye de esa práctica en sitios lejanos, muy ajenos a nuestros contornos, en países que oprimen a sus etnias. ¿Deberían los puertorriqueños esperar del gobierno de la metrópolis el discrimen que se sufre en otros países?  

Los resultados de 2012 respaldan la posibilidad de descolonizar y de avanzar hacia el objetivo de un Puerto Rico de hombres y mujeres libres. El reconocimiento del derecho de Puerto Rico a la autodeterminación no es un tema a debatir: es la obligación del Congreso y del presidente respaldar y cumplir con el derecho internacional.

El 24 de junio de 2019, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas considerará el caso colonial de Puerto Rico. Hasta que el gobierno de Estados Unidos participe en los trabajos del Comité y presente su posición oficial respecto al caso de Puerto Rico, seguiremos en el atolladero colonial. 

Los electores de Puerto Rico decidieron en 2012 que nuestra relación política con Estados Unidos debe de cambiar. Le toca a la metrópolis obedecer el mandato de nuestro pueblo.

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