Luis Toro Goyco

Tribuna Invitada

Por Luis Toro Goyco
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Deuda, descolonización y lucha ciudadana

En junio pasado, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley PROMESA, que autorizó al Presidente de esa nación a crear, con el consejo y consentimiento del Senado, una Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico. Poco tiempo después Barack Obama nombró a los integrantes de la misma y el Senado federal los confirmó. 

Al aprobar dicha ley, el Congreso partió de la premisa de que el Gobierno de Puerto Rico adeuda a sus acreedores aproximadamente setenta mil millones de dólares y es el único responsable de esa deuda. El propósito de la Junta de Supervisión Fiscal es “proveer un método para que un territorio cubierto pueda lograr la responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital” (sec. 101). Es decir, la función de dicha Junta es lograr que el gobierno de Puerto Rico pague esa deuda a sus acreedores para que pueda regresar a los mercados de capital a coger prestado.

A pesar de que ese propósito surge clara y diáfanamente de la ley, grandes sectores de nuestro pueblo se hicieron de la ilusión de que la Junta venía a poner en cintura y a adecentar a las claques políticas que habían estado estafando y despilfarrando el tesoro público boricua. Gracias a ello la Junta llegó a contar con el apoyo de cerca de un 85% de nuestro pueblo. Solo un sector minoritario, que incluyó principalmente a independentistas, libre asociacionistas, líderes sindicales y de organizaciones profesionales tuvo conciencia y trató de advertir de los peligros que encarna la referida Junta. Los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP), que se encontraban en plena campaña electoral, admitieron estar dispuestos a trabajar con la Junta. Peor, primero el gobernador electo por el PPD, Alejandro García Padilla y luego el candidato por el PNP Ricardo Rosselló sostenían que la deuda era pagable. Rosselló alardeaba que tenía buenas relaciones con la Junta y que ya tenía listo un plan para trabajar con esta. Éste llegó a festejar la aprobación del primer presupuesto y el primer Plan Fiscal aprobado por ella.

Como parte de ese Plan Fiscal y de ese presupuesto, el liderato legislativo del Gobierno de Rosselló estipuló con la Junta que, si no se aseguraba cierta suma de recaudos antes del primero de septiembre, se recortarían las pensiones de los empleados públicos retirados, se reduciría la jornada laboral de los empleados públicos y se ajustaría su bono de Navidad. Sin embargo, tan pronto la Junta anunció que el 1 de septiembre se tenían que reducir las pensiones de los retirados y la jornada de los empleados públicos porque no se habían realizado los recaudos señalados en el presupuesto y el Plan Fiscal, Rosselló puso el grito en el cielo argumentando que la Junta no tiene ese poder y que, si ésta insistía, él se negaría a poner en vigor esas medidas, aunque tuviera que ir a la cárcel.

La de Rosselló no pasa de ser una pataleta mediática pensando en las elecciones de 2020, pero ni éste ni su partido han presentado alternativa alguna para evitar las reducciones de las pensiones y la jornada de trabajo de los ex empleados y empleados públicos. El llamado a un frente para ir a pedir limosna a los pasillos del capitolio federal no es una alternativa. El PPD ha tomado la situación para politiquear, pero no ha expresado ni el asomo de una alternativa para evitar esas reducciones. Los únicos que han traído una alternativa para por lo menos mitigar las reducciones son los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, Dalmau y Márquez con su proyecto para que las grandes empresas carguen con algo del peso contributivo.

Sin embargo, ninguno ha propuesto medida alguna que conjure los designios de la Junta, ninguno ha cuestionado la premisa de la que partió al Congreso al aprobar PROMESA de que el gobierno de Puerto Rico es el único responsable de la deuda. Los puertorriqueños no podemos aceptar como correcta esa premisa. En primer lugar, debe quedar meridianamente claro que el gobierno de Puerto Rico no es ni tan siquiera autónomo, según lo confirmó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su decisión en Pueblo v. Sánchez Valle; que desde la invasión en 1898, Puerto Rico ha estado sometido al tutelaje del Congreso de los Estados Unidos en virtud del Tratado de París y de la cláusula territorial de la constitución americana y en la citada decisión, el máximo foro judicial de esa nación resolvió que la autorización que concediera el Congreso al gobierno de Puerto Rico para aprobar una constitución en nada alteraba esas relaciones.     

En vista de esa condición de tutelaje, Estados Unidos es principalmente responsable de esa deuda tanto desde el punto de vista del derecho puertorriqueño (art. 1803 del Código Civil de Puerto Rico) como desde el punto de vista de la doctrina anglosajona de la responsabilidad vicaria que responsabilizan al principal por la culpa o negligencia de su tutelado. Sin embargo, Estados Unidos no va a aceptar esa responsabilidad fácilmente. Pero si nos unimos todos los que hoy rechazamos los atropellos de la Junta y los que podemos anticipar que la misma nos impondrá en el futuro previsible independentistas, estadolibristas, libreasociacionistas y estadistas, cómo lo hicimos en el caso de Vieques, Estados Unidos no tendrá otra alternativa que aceptar su responsabilidad en la deuda y negociar con nuestro pueblo el proceso necesario para poder superar esta crisis sin que los más vulnerables tengan que cargar con la misma.  

Es evidente que los sectores más golpeados por los atropellos de la Junta serán los pensionados, los trabajadores y los estudiantes. Los retirados tienen la fuerza moral para hacer un llamado a la unidad y combatividad de nuestro pueblo porque estos fueron los que forjaron las virtudes y bienandanzas de que disfrutamos en este país, a pesar del despilfarro y el pillaje de sus gobernantes. Trabajadores y los estudiantestienen el vigor y la energía para cargar sobre sus hombros esta lucha. Tenemos que marchar adelante como puertorriqueños hijos de esta patria, fuera de banderías políticas, unidos como una sola voz a exigirle al Congreso que asuma su responsabilidad, no sólo sobre esa deuda, si no, además, su responsabilidad con la descolonización de nuestra patria.         

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