Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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De vuelta a escena la politiquería

La politiquería comienza a reabrirse paso en la escena puertorriqueña, lo que demuestra que nuestros líderes han aprendido poco del desastre provocado por el huracán María a lo largo y ancho del país.

El espíritu de solidaridad y empuje del “Puerto Rico se levanta” de las semanas que siguieron a la catástrofe no ha durado mucho en la Legislatura, que retoma las malas mañas que la han caracterizado por décadas.

La mayor parte del país sigue sin energía eléctrica y careciendo de otros servicios básicos. No hay que irse muy lejos para comprobarlo, pues basta enterarse de los reclamos desesperados de ciudadanos que viven en plena área metropolitana de San Juan y que llevan más de 80 días de carestía.

Por culpa en gran medida de la negligencia gubernamental que permitió que el hoy exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, hiciera lo que le diera la gana durante los primeros dos meses de la emergencia, los trabajos de recuperación están atrasados. Se perdieron semanas valiosas sin recibir la ayuda de empresas públicas y privadas de Estados Unidos porque Ramos y la Junta de Gobierno de la AEE no hicieron las gestiones pertinentes con la asociación que las agrupa y a la que pertenece la corporación pública boricua.

La persona que contactó por LinkedIn, un directorio profesional digital, a Whitefish Energy en un campo de Montana justificó por semanas su incompetencia escudándose en que no había comunicación por internet.

El escandaloso contrato que Ramos le otorgó a Whitefish está bajo investigación en diversos foros y confiamos en que pronto se fijarán responsabilidades. No debe quedar impune la actuación de Ramos y todas las demás personas, dentro y fuera del gobierno, que tuvieron algo que ver en el asunto.

El proceso de restablecimiento de la energía eléctrica, con sus vertientes, sigue siendo la preocupación principal de los ciudadanos y no debemos permitir que el liderato legislativo aproveche las penurias que sufren a diario miles y miles de personas para colarnos medidas que atentan contra los derechos del pueblo y la sana administración de la justicia.

De eso se trata, por ejemplo, la legislación sobre el procesamiento de menores, de la que se aprobaron dos versiones para pasarle la papa caliente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

También se trata de eso la legislación que pretende vulnerar de un plumazo la disposición constitucional que coloca la administración de los tribunales sobre la figura del juez presidente del Tribunal Supremo para otorgárselo al pleno de nueve jueces. Y la propuesta para aumentar, sin ton ni son, de 12 a 16 años el término de los jueces superiores.

De igual manera se quiere convertir en ley a la trágala una supuesta medida de “libertad religiosa” que solo busca legalizar la discriminación a través de la negación de servicios por supuestas creencias religiosas.

Se han lucido los legisladores de la mayoría, que son los que tienen la sartén por el mango, desde que regresaron de las largas vacaciones que se tomaron tras el paso del huracán. Y con su actuación nos han confirmado lo poco que aprendieron de la crisis y con cuánta rapidez han olvidado las verdaderas necesidades del pueblo para seguir empujándonos al abismo.

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