Iris Rosario

Punto de vista

Por Iris Rosario
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Discurso fallido: escoger entre víctimas y delincuentes

La discusión sobre la aplicación retroactiva de la nueva norma constitucional enunciada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y su implementación de manera amplia en Puerto Rico, han desatado un debate del cual deberíamos tomar ventaja para desvelar ciertas realidades que como sociedad hemos decidido ignorar.

Primeramente, es indispensable reconocer que es necesario hacer parte de las deliberaciones sobre los proyectos legislativos en discusión a las personas que han sufrido las consecuencias de una acción delictiva. Fue precisamente su ausencia en las primeras discusiones legislativas lo que resultó en el desarrollo de ciertas dinámicas dañinas en la que las partes se asumieron como bandos: buenos y malos. Y en donde, tal cual señaló el criminólogo David Garland, se han suscitado escenarios en los que la discusión en cuanto a las personas acusadas y las víctimas se convierte en un juego suma-cero.

La solidaridad que sintamos hacia las víctimas de un hecho delictivo, sin embargo, no tendría que ponernos entre la espada y la pared en el escenario de un debate como este. Sería preciso aprovechar este contexto para aceptar de una vez y por todas que el sistema jurídico penal de Puerto Rico no repara a las víctimas. La madre de un joven asesinado no encontrará la paz mediante la encarcelación perpetua del autor de dicho asesinato. En cambio, la persona convicta perderá su vida, su familia y su libertad, mientras que nada en el tejido social será transformado o restaurado. 

A pesar de ello, desde hace décadas las víctimas han sido instrumentalizadas por los líderes de distintos partidos políticos para adelantar sus intereses electorales. Mediante esa objetivización de las víctimas se han adoptado políticas criminales altamente punitivas que no han redundado en que vivamos en un país más pacífico. En esos contextos, poco ha importado construir un sistema penal que responda a los principios de proporcionalidad, legalidad y rehabilitación. Lo que se ha hecho es “gobernar a través del crimen”.

Es por eso, que no debemos ceder ante la tentación de un discurso reduccionista que nos obligue a estar a favor o en contra de “los delincuentes” o “las víctimas”. Hacerse eco de discursos como esos nos atrapa en imaginarios terriblemente degradantes. Es momento, por el contrario, de reflexionar sobre otros escenarios menos punitivos. 

Es cierto que, si esta legislación es aprobada, muchas personas condenadas serán excarceladas. También es cierto que muchas víctimas tendrán que volver a testimoniar hechos amargos. Pero también es cierto que hay muchas personas que extinguen penas que violentan el Derecho constitucional a la rehabilitación. En ese sentido, conviene recordar tanto a los que se oponen al proyecto, como a los que lo defienden que no se trata solo de habilitar nuevos juicios que cumplan con un procedimiento proforma y en el que se propicien cientos de alegaciones preacordadas. Tampoco de validar cadenas perpetuas de facto que violentan el Derecho de muchos seres humanos a volver a vivir en comunidad. 

Quizás sería oportuno, incluso señalar, que la celeridad con la que se ha trabajado este tema en la Asamblea Legislativa ha hecho olvidar a muchos defensores que existen otras normas enunciadas jurisprudencialmente sobre las que la retroactividad es un tema pendiente y que en ciertos casos se verán solapadas: las cadenas perpetuas impuestas a menores de edad sobre las cuales versa el Proyecto de la Cámara 1479, y la violación a la doble exposición que anunció Sánchez Valle v. ELA

Queda aprovechar este contexto para ampliar el debate; pero para señalar las deficiencias de un sistema que no solo afecta a las personas que han sufrido un delito, sino que también quebranta a las personas convictas, a sus familias y al país. No cedamos a la tentación del discurso que no empuja a escoger entre “las víctimas” y “los delincuentes’. Hasta este momento ese reduccionismo no nos ha llevado a ningún lado.

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