Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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Doble exposición y status

Una madrugada de 1988, los del barrio Balboa de Mayagüez se despertaron con el estruendo que causó la explosión de una bomba en manos de dos sujetos que la armaban para colocarla debajo del carro estacionado de un vecino. Uno de los delincuentes sobrevivió y declaró contra los autores intelectuales: dos presuntos mafiosos extraditados desde Miami para enfrentar cargos de asesinato, tentativa e infracciones a la Ley de Explosivos de Puerto Rico. Yo fui el juez que presidió el juicio; no obstante, fue el jurado quien los absolvió de toda culpa.

Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos los acusó en la corte federal de Miami por haber transportado explosivos entre Florida y Puerto Rico en un vuelo comercial y por asesinato mediante paga. El jurado de allá los condenó y ellos apelaron. El Undécimo Circuito federal revocó la sentencia de asesinato. Sostuvo que los acusados habían sido juzgados previamente por ese hecho delictivo y no se les podía juzgar de nuevo porque, para fines de la “cláusula de doble exposición” de la constitución federal, la jurisdicción de Puerto Rico y la de Estados Unidos eran una y la misma cosa.

Decidió que Puerto Rico no era un estado, sino un territorio, por lo que las leyes penales del ELA eran, por delegación, leyes del Congreso y que la concesión de gobierno propio en 1952 no convirtió a Puerto Rico en un “soberano” distinto. El gobierno federal apeló al Tribunal Supremo de Estados Unidos y este se negó a revisar esa sentencia.

Tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico como la Corte de Apelaciones federal para el Primer Circuito habían resuelto lo contrario: que con la creación del ELA, Puerto Rico había pasado a ser un “soberano” separado, distinto de Estados Unidos, para fines de la “cláusula de doble exposición”, y que las leyes penales de Puerto Rico debían ser consideradas como las de cualquier estado de la Unión, y no como las de un territorio.

Por eso, la renuencia del Tribunal Supremo federal en revisar la sentencia de Miami y podía entenderse como que este tribunal consideraba poco probable que se repitiera una situación que obligara a decidir un asunto tan espinoso relacionado con el status de Puerto Rico. Lo mejor sería “no meneallo”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no contaba con que un cambio ideológico en la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico habría de precipitar la necesidad de su intervención en este asunto. En una virazón predecible, nuestro Tribunal Supremo revocó su anterior caso y decidió que la “cláusula de doble exposición” no permite que se juzgue en Puerto Rico a un acusado juzgado previamente por el mismo delito en la corte federal; y que Puerto Rico y Estados Unidos no eran dos jurisdicciones distintas para fines de la aplicación de la doble exposición, porque Puerto Rico no es un estado, sino un territorio sujeto al poder plenario del Congreso.

De ahí la importancia tanto práctica como política de que el Tribunal Supremo federal haya decidido resolver ahora quién tiene la razón.

La importancia práctica es tanto para la Policía y los fiscales nuestros, como para el sistema de administración de la justicia federal en la isla. Porque la corte federal está obligada por la decisión del Primer Circuito (no por la del Undécimo), mientras que los tribunales de la isla, no; estos sólo lo están por la de nuestro Tribunal Supremo. Actualmente, si se enjuicia a un acusado primero en Puerto Rico, los federales podrían enjuiciarlo aquí después; pero no a la inversa.

La importancia política es que, por fin, el Tribunal Supremo de Estados Unidos pudiera estarse expresando autoritativamente sobre la naturaleza de la actual relación jurídica existente entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Territorio o qué cosa? Habrá que ver.

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