Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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¿Dónde estamos con Promesa?

La banderilla más reciente en el lomo de la ley Promesa la acaba de poner el Primer Circuito de Apelaciones federal con la opinión de que el nombramiento de los miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal no está en armonía con la Constitución de Estados Unidos.

Y aunque parece ser que los jueces se esmeraron por dar la impresión de que la decisión no necesariamente cambie casi nada de lo hecho en los pasados dos años y medio en el proceso de Promesa, la realidad es que a los que no somos expertos en procesos judiciales apelativos nos ha provocado una avalancha de dudas y preguntas.

Este nuevo giro en el proceso viene justamente cuando estábamos ya barajando múltiples preguntas sobre dónde estamos y hacia dónde vamos con Promesa. La jueza Laura Taylor Swain acaba de darle el visto bueno al acuerdo de Cofina, y ahora tiene ante sí la petición de declarar nulos nada menos que seis mil millones de dólares en bonos de obligación general. La Junta, además, acaba de demandar al Senado de Puerto Rico porque no ha cumplido con la exigencia de someter información sobre las cuentas bancarias del cuerpo legislativo.

Es decir, cuando a los miembros actuales de la Junta les quedan apenas meses en su nombramiento de tres años, todavía están enmarañados en peleas con el gobierno de la isla sobre temas que debieron despejarse años atrás. Están, además, entrando en una pelea nueva con los tenedores de los bonos de obligación general, mientras se supone que negocian con ellos para lograr un acuerdo viable en los próximos meses. En medio de todo eso, ahora tenemos que los miembros de la Junta no están legalmente nombrados para sus funciones. Es difícil pensar que esto no tenga efecto en la trayectoria de este proceso en los próximos meses.

Entre las muchas preguntas que están en el aire, una que no sabemos cómo contestar es cuál de dos presupuestos paralelos es el que está rigiendo la operación del gobierno: el que certificó la Junta, o el que aprobó la legislatura y firmó el gobernador. El bono de Navidad se pagó en el gobierno, y aunque la Junta exigió recortes compensatorios en el gasto, no hay constancia de que se hayan realizado. Por increíble que parezca, no sabemos cuál es el presupuesto realmente vigente cuando ya estamos a punto de comenzar la confección del próximo presupuesto (para el año fiscal 2020).

Quedan también preguntas sobre el acuerdo de Cofina, aunque la mayoría de la gente parece inclinada a pasar la página después de que la jueza Taylor Swain le diera su endoso. Algunos miembros de la Junta misma, y otros que favorecen el plan ya sancionado, han reconocido públicamente que quizás no es el mejor acuerdo para Puerto Rico, pero sirvió para evitar un litigio prolongado y costoso. En otras palabras, lo que se hizo fue transigir el pleito de la deuda, que no es lo mismo que resolver el problema de la deuda.

Se suponía que una de lasrazones por las que se aprobó la ley Promesa era para que el problema de la deuda se pudiera resolver con la debida consideración a las condiciones económicas de Puerto Rico, de manera que el peso de la deuda no impidiera el renacimiento económico del país. El celebrado ahorro de treinta y tantos por ciento en el servicio de la deuda de Cofina en los próximos 40 años es, sin duda, poco alivio para un país con un gobierno quebrado y devastado por un huracán. Pero es lo que negociaron los jueces mediadores nombrados por el Tribunal.

Se suponía que el proceso no dejara el tema de la deuda en las manos de abogados solamente; sino que fuera guiado por una inteligencia de mercados financieros y de administración pública que tenía que venir, precisamente, de la Junta. Pero la Junta se allanó al plan, aunque se sabe que su reacción inicial fue rechazarlo. La jueza Taylor Swain, por razones técnicas legales, se negó a sí misma la oportunidad de escuchar al único economista puertorriqueño que se presentó a su sala; el colega José Alameda.

Otra pregunta sobre el tapete es qué va a pasar con el plan fiscal. La última versión es demasiado optimista en cuanto a las perspectivas de crecimiento de nuestra economía en los próximos cuatro años. Con lo que ya vemos en el tema del desembolso de fondos federales para la reconstrucción, y ante señales de diversos indicadores de que la economía ya quemó el combustible de la inyección inicial de fondos de recuperación, es casi seguro que las proyecciones del plan fiscal son inviables. ¿Le queda tiempo a la Junta para hacer modificaciones al plan? ¿Se pueden renegociar los bonos de obligación general sin una proyección económica que sustente los posibles acuerdos con los bonistas?

Como si fueran pocas estas preguntas, ahora nos cae la incertidumbre sobre cómo quedará constituida la Junta futura y cómo cambiará, si cambia, su forma de interactuar con el gobierno de Puerto Rico y sus acreedores. Parece ser que el Sr. Donald Trump y el Senado de mayoría republicana tienen la palabra.

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