José Nicolás Medina  Fuentes

Tribuna invitada

Por José Nicolás Medina Fuentes
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Dos rutas de lucha por el futuro de Puerto Rico

La noticia de la prensa reseña las decenas de millones de dólares que están facturando las firmas legales en el proceso especial de quiebras del territorio y sus instrumentalidades. La Ley Promesa y ese procedimiento es un engendro elaborado por el gobierno federal para proteger a los acreedores y a su ente alter ego territorial corporativo ELA. Al cabo de 4 presupuestos balanceados y que el ELA pueda acudir al mercado de préstamos, dispone esa ley que Promesa y la Junta de Control desaparecen. Y quedan sin tocar la ley 600, Tratado de París, leyes federales, los casos insulares, es decir el ELA y más coloniaje. En la sección 210 de esa nefasta ley, el gobierno federal se excluye de responsabilidad de la deuda odiosa, como si un criminal se pudiera evadir de su responsabilidad con un manifiesto de auto defensa sobre el crimen. Ese procedimiento ni es idóneo, es ilegítimo y colónial y no garantiza un debido proceso de ley a la nación puertorriqueña, ajena al mismo, ya que no vota para los cargos federales que la diseñaron y aprobaron. El ente federal es parte culpable y asumió el rol de juez parcializado al aprobarla. Por eso es ilegal ante su propio derecho a un debido proceso de ley.

Según la ley Promesa, todos los gastos y honorarios de abogados de los acreedores, del territorio deudor y sus instrumentalidades tienen que ser pagados con fondos del territorio quebrado. Mientras, sectores contestarios se complacen en preciosismos como la auditoría como fin, sin cuestionar el carácter odioso de la deuda ni la relación colónial que la produjo. Aducen que la auditoría es necesaria para determinar qué porción de la deuda es ilegítima por exceder los límites de la constitución del ELA y por utilizarse los fondos para gastos recurrentes, y cuál hay que pagar. Mantienen el enfoque en la relación del deudor territorio con los poderosos acreedores. Al fin de cuentas se hace de abogado del territorio y el ELA y de ciertos acreedores. Argumentos como estos utilizan los acreedores de obligaciones generales contra los acreedores de Cofina. Es decir son alegatos que benefician a acreedores poderosos y que podrían financiar esa campaña porque les conviene. Y no dudamos que esa sea la estrategia de esos acreedores de obligaciones generales al solicitar una certificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, sobre ese asunto. Ni siquiera se han detenido a pensar los sectores que se congelaron en la auditoría de la deuda, en los remedios que ante tal postura se obtendrían por una sentencia de una corte al declarar la ilegalidad de unos contratos de deuda: la devolución de las prestaciones entre las partes, principal de la deuda, intereses y frutos:

“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en las secciones siguientes.” Artículo 1255 del Código Civil de Puerto Rico

Así asumiendo que tal argumento prevaleciera en los prolongados litigios que están en curso-a menos que los pejes grandes lleguen a una transacción ajena al pueblo, como usualmente ocurre y contempla Promesa bajo el Título IV-el ELA deudor y Cofina tendrían que devolver billones del principal a los acreedores de golpe y porrazo; y si los acreedores demuestran buena fe en cuanto al desconocimiento del uso de los fondos para gastos recurrentes tendrían derecho a retener los intereses que le han pagado.

Entonces, en vez del gobierno colonial gastar millones en honorarios de abogado en un procedimiento ilegal colónial y sectores contestatarios que insisten en una auditoría de la deuda con remedios reformistas y sindicatos internacionales inviertir millones en una campaña como esa, para hilvanar y preparar la soga con la  que nos ahorcarán, deberíamos enfocarnos en unas rutas estratégicas y tácticas que le den poder a nuestro pueblo para enfrentar a la metrópolis y de paso a los acreedores.

La primera y principal ruta es la de movilización y organización política. La desobediencia civil. Y la convocatoria por un Congreso para la descolonización de la asamblea de delegados de la nación Boricua de la isla y la diáspora. Solvente, permanente, inclusiva de las fórmulas no territoriales, con etapas de caducidad de 2 años para cada fórmula que reclama mantener relaciones de soberanía con la metrópolis en consideración a la mayoría de delegados que puedan elegir, hasta que ignoradas o denegadas esas dos formulas, se reúnan los delegados a declarar la independencia nacional. Para desvanecer quimeras por cabeza propia. Y que esa asamblea de delegados una el reclamo político del estatus con el reclamo de la deuda en reparación de agravios en todas las etapas. Todo ello convocado desde la sociedad civil ante el boicot al bipartidismo servil, de manera pacífica, al amparo de los derechos civiles a la libertad de expresión y reunión.

La segunda ruta son pleitos de clases y subclases de diferentes sectores afectados por la crisis y la deuda impagable contra el gobierno federal en sus cortes, incluida la corte federal de reclamaciones. (Federal Court of Claims) bajo teorías de control e incumplimiento de deberes fiduciarios garantizadas por disposiciones constitucionales mediante las cuales el gobierno federal ha renunciado a su soberanía y puede ser demandado en daños y perjuicios por ciudadanos particulares en sus cortes con jurisdicción. Esos litigios pueden radicarse por firmas legales locales en alianza con formas legales poderosas, que cobran en casos de súper fondos un 10% contingente de lo obtenido o horas facturadas al demandado. Causas de acción que emanan de las siguientes fuentes: reparacion de agravios bajo la Primera Enmienda de la constitución federal, fuerte y vigoroso para unos ciudadanos que no gozan del derecho al sufragio universal para los cargos federales y por tanto no aplican los precedentes judiciales post sufragistas que debilitaron tal derecho, sino que aplican las doctrinas de petición previo al sufragio de las mujeres y a la abolición de la esclavitud. Causas de acción por incumplimiento del contrato Tratado de París ante la inadecuada administración del territorio, incumplimiento de deberes fiduciarios bajo la cláusula territorial de la Constitución Federal que le obliga a una administración diligente. Aquellas que emanan de la cláusula que prohíbe la toma, menoscabo y expropiación de riquezas sin justa compensación. Incluso bajo la doctrina de deuda odiosa que es parte de su derecho utilizada durante las negociaciones y aprobación del Tratado de París para obligar a la monárquía española a asumir la deuda colónial cubana por ser odiosa e injusta hacia la nación de Cuba. Así trabajadores, pensionados, empresarios, migrantes, afectados que han sufrido daños, menoscabo, devaluación de sus bienes y riquezas tendrían legitimidad para demandar.

Esas dos rutas provocarían un empoderamiento, entusiasmo, formación de líderes y cuadros desde las bases y un problema geopolítico a los Estados Unidos que los fuerce a establecer un fondo para expropiar los créditos de deuda pública al valor en el mercado. Estas dos rutas favorecen a todos los sectores ideológicos porque nadie podrá gobernar con una deuda impagable en sus estados financieros, ni los estadistas, colonialistas, libre asociacionistas ni independentistas. Y puede entonces armarse una amplia convergencia del pueblo frente a la deuda odiosa.

El pueblo afronorteamericano luchó en los frentes de la movilización política y las cortes. Esa lucha política y de desobediencia civil fue lo que provocó que la Corte Suprema revocara la doctrina de segregación racial establecida al final del Siglo 19 en el caso de Plessy v Ferguson-;la misma corte que aprobó la doctrina de los casos insulares y que el honorable federal juez Juan Torruella califica de imperialista y racista- en la década de 1950 en el caso de Brown v Board of Education.

Nosotros, la nación Boricua, de la isla y la diaspora, tenemos los recursos y podremos movilizar otros tantos, mediante la solidaridad del noble pueblo norteamericano y otros países, para conducir esas dos rutas de lucha a la victoria, pero eso será inversamente proporcional al grado de masividad que logremos generar nosotros.

Por lo pronto he lanzado al ruedo mi libro, La deuda odiosa y la descolonización de Puerto Rico, en el que discuto en detalle esas dos rutas, con autoridades legales y doctrinales, y que no es  otra cosa que un alegato para ayudar a mi pueblo en esta hora aciaga. Lo hago de frente al sol, no en tertulias secretas o privadas. He emprendido una gira humilde por el país para discutir mi libro e ideas, con las limitadas energías y recursos que tengo. Pero esta es una lucha colectiva. Todo el mundo tiene que tomarse iniciativas. No se valen los sermonesni sugerencias para asignar nuevas tareas, costumbres nefastas que pululan en las redes para evadir la responsabilidad de cada cual.

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viernes, 6 de julio de 2018

La responsabilidad federal sobre la deuda pública de Puerto Rico

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