Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Dos varas para medir los derechos

Traquetear con las reglas de procedimiento criminal es jugar con los derechos de las personas detenidas bajo sospecha de delito, que en muchos casos resultan ser inocentes.

La merma de derechos que pretende imponer el gobernador Ricardo Rosselló Nevares raya en la injusticia y significa un retroceso en nuestras conquistas democráticas.

El proyecto de administración sometido por el gobernador a la Legislatura promueve enmiendas que penalizan a un sospechoso, permitiendo que se le fiche antes de ser acusado por un juez y lo marcan de por vida, independientemente de que salga absuelto. De igual manera, busca tronchar el derecho de un acusado a renunciar a juicio por jurado si el fiscal del caso se opone.

Estas y otras enmiendas son de tal naturaleza restrictivas que recuerdan a la Alemania de los años 1933 a 1945, así como a la Italia de 1922 a 1943. Hasta senadores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista han mostrado resistencia a darle su visto bueno.

Los ciudadanos deben pensar en sus familias antes de apoyar estos cambios, puesto que la medida es tan amplia que cualquier persona, aun siendo inocente, podría ver sus derechos vulnerados.

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico ha sido reconocida como una de avanzada, pero aún bajo un estado de derecho como el nuestro hemos sido testigos de muchas injusticias a través de los años. Recordemos, por ejemplo, el caso de los tres aguadeños que pasaron más de 20 años presos por un crimen que no habían cometido.

Asusta pensar entonces lo que podría ocurrir con una limitación de derechos como la que se propone.

Mientras vemos que para los ciudadanos de a pie se aprueban a la cañona limitar derechos, el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, sigue campeando por sus respetos, haciendo caso omiso al pedido de su líder político, el gobernador Rosselló Nevares, de que renuncie a la poltrona municipal.

O’Neill llevaba hasta el miércoles 67 días aferrado a su silla a pesar de las graves imputaciones de hostigamiento y agresión sexual que se le han hecho y que están desde la semana pasada bajo la lupa del panel del Fiscal Especial Independiente tras un referido hecho el 1 de mayo por el Departamento de Justicia.

En contraste, el Estado se mostró muy diligente en procesar criminalmente a siete de 11 estudiantes en huelga que irrumpieron hace dos semanas en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico en la que participaba la presidenta interina de la institución, Nivia Fernández.

Los ejemplos señalados demuestran que existen dos varas para medir: una larga para O’Neill y otra muy corta para los estudiantes.

Entretanto, seguimos sin lograr que se audite la deuda pública de sobre $70,000 millones a la que llevaron al País las administraciones populares y penepés de las últimas décadas y que lo han dejado hipotecadopor varias generaciones futuras.

A pesar de ello, el Gobierno continúa incurriendo en gastos exorbitantes de contratos externos a políticos derrotados, parientes y dolientes, amén del pago millonario de escoltas para varios exgobernadores, exfuncionarios y funcionarios.

¿A qué le temen? A nada, porque sabemos que muchas de esas escoltas no son otra cosa que mensajeros glorificados para llevar a los nenes a la escuela, ir al supermercado y de compras a los centros comerciales.

A propósito de centros comerciales, con el afán de esta administración de parecerse cada día más a Estados Unidos, este año se eliminó el feriado del Día de las Madres y los comercios podrán abrir al público en horario regular.

Ha sido un alivio escuchar al presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, Miguel González, de San Patricio Plaza, afirmar que “sería un ‘shock’ cultural” abrir en un día tan importante para la familia.

Ojalá lo siga siendo.

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