Erick Vázquez González

Punto de vista

Por Erick Vázquez González
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Duro golpe a los municipios

Todo el mundo reconoce que los municipios son la primera línea de ayuda a los constituyentes y que proveen servicios esenciales de manera directa a los ciudadanos tales como: servicios de salud, el pago de medicamentos, educación, ornato, seguridad, servicios a envejecientes, ayuda económica para el pago de agua y luz, entre otros tantos. Nuestros municipios, por años, asumieron responsabilidades que le correspondían al gobierno central sin recibir ninguna asignación económica a cambio. El más claro ejemplo del poder de los municipios y el trabajo proactivo que llevan a cabo se vio reflejado en septiembre del 2017 en medio de los huracanes Irma y María. En medio de esos desastres naturales, fueron los alcaldes y alcaldesas quienes estuvieron asistiendo a su gente, y en la mayoría de los casos enfrentando problemas económicos y la burocracia extrema de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). 

El gobierno central, en aquel entonces dirigido por Ricardo Rosselló y a pesar de ser incapaz de proveer estos servicios directos a los ciudadanos, decidió presentar un Plan Fiscal que incluía un recorte de $175 millones a los municipios. El agua estaba hasta el cuello para los ayuntamientos, pero les lanzaron un salvavidas: la Ley 29-2019. Esta ley surgió del propio reclamo de los alcaldes para que se les eximiera a los municipios de la carga administrativa a la que tenían que incurrir en el pago al plan de salud del gobierno y las aportaciones que tenían que realizar a los planes de retiro. 

La ley se aprobó con el apoyo de los principales partidos políticos. Sin embargo y como era de esperarse, la Junta de Supervisión Fiscal impugnó la misma bajo el fundamento de que no está en armonía con el plan fiscal. 

Hoy, la jueza Taylor Swain, en un acto de insensibilidad apoyado por la Junta de Supervisión Fiscal, decidió anular la Ley 29-2019 y exigir a los ayundamientos el pago de dichas aportaciones. Esta decisión puede representar una tragedia. Aproximadamente unos 35 municipios quebrarían, y eso, aunque se lea fácil, puede significar un gran problema en cuanto a los servicios que ofrecen los alcaldes y alcaldesas de forma directa a su gente y que se verán altamente trastocados. 

La Junta, una entidad que no fue electa por los ciudadanos debe entender de una vez y por todas que hay unos servicios esenciales que tienen que protegerse y que son más importantes que los dólares y centavos. 

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