Marcia Rivera

Tribuna Invitada

Por Marcia Rivera
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Educación y desarrollo humano

Hay mucha inquietud sobre el presente y el futuro de nuestro sistema educativo. Las medidas que se están instrumentando no reconocen nuestros activos, recursos y capacidades para enfrentar el desafío de refundar el proceso educativo. En esta nota examino algunos temas analizados en el primer Informe sobre Desarrollo Humano en Puerto Rico, dirigidos a reenfocar la discusión sobre cómo lograr una educación incluyente, de alta calidad, pertinencia y eficacia.

Sobre la educación inciden muchos factores. Entre otros, la condición socioeconómica y el bagaje cultural de las familias; las tensiones que haya en la vivienda o la comunidad, y las condiciones de salud de quienes estudian y de sus familiares. También inciden el esfuerzo que conlleve acudir a un centro educativo y la atracción que puedan ejercer sobre jóvenes otras actividades externas, como el narcotráfico. Por supuesto, las condiciones laborales del cuerpo docente y las facilidades y equipamiento de los centros educativos son clave.

La ubicación socioeconómica salta como el factor más importante en cuanto a desempeño escolar. Los estudiantes provenientes de un contexto de adversidad y pobreza no están en las mismas condiciones de aprender que quienes habitan hogares de solvencia material. La evidencia empírica sobre el impacto que tiene la desigualdad social sobre el proceso educativo es abundante. A pesar de que Puerto Rico presenta tasas alarmantes de desigualdad, ello no aparece como factor considerado en las medidas que se están tomando.

La escuela no es la llamada a equiparar las desigualdades con que llegan los alumnos al salón de clases. Para que el proceso educativo sea óptimo se precisan políticas dirigidas a eliminar la pobreza, la adversidad y la inequidad. Hace años que los gobiernos de Puerto Rico se desentendieron de esto, asumiendo que las transferencias de fondos federales a las familias bastaban. Eso no es así y no podemos culpar al sistema educativo del fracaso escolar.

Los niños, niñas y jóvenes de Puerto Rico viven en un contexto de inseguridad, desesperanza, violencia generalizada, y estrés; factores todos que inciden decididamente sobre el proceso educativo. El Sistema de Vigilancia de Comportamiento de Riesgo Juvenil ha confirmado que el 54% de los estudiantes de secundaria consumen alcohol; un 21% ha estado involucrado en peleas, 12% planificó suicidarse y 17% intentó hacerlo. Un 11.6% no asiste a la escuela por no sentirse seguro allí, o en el camino a ella; el 32% expresa sentirse desesperanzado. ¿Es la escuela responsable de esa situación, o lo es la sociedad en su conjunto?

La progresiva federalización del sistema educativo ha añadido complejidad al desafío. Ha sido preciso adaptar leyes y reglamentos que no necesariamente responden a las necesidades y prioridades de Puerto Rico. Se verifica que la abundancia de fondos federales ha alentado la corrupción y, junto con la politización de la administración educativa, hagenerado una intricada burocracia que reduce la capacidad de gestión del sistema. Tras años de inyección de recursos federales, el desempeño educativo no ha mejorado. Habría que preguntarse seriamente por qué.

Pese a todo ello, Puerto Rico tiene condiciones, talento y capacidades para lograr un sistema educativo de excelencia. Hay numerosos ejemplos de iniciativas extraordinarias que se han desarrollado en medio de las dificultades antes descritas. Los proyectos exitosos han demostrado que puede democratizarse la gestión educativa, como lo ha hecho la red de 49 escuelas Montessori del Instituto Nueva Escuela. Varios han encontrado formas de atraer a los educandos a la pasión por el conocimiento, como en el proyecto Nuestra Escuela, y otros buscan que la ciencia se convierta en esencial a la vida de los estudiantes, como promueve Ciencia Puerto Rico. Ejemplos reales, que han dado resultado y que deben ser la base de la política pública.

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