Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Efectos de los casos bajo Título III

T ratamiento de las deudas de suplidores: Los casos de reajuste de deudas de Puerto Rico y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), presentados ante el Tribunal del Distrito Federal de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA, crean interrogantes sobre el tratamiento a darle a la deuda de suplidores del Gobierno.

La gente en la calle también se pregunta: ¿cuál será el impacto de estos casos sobre la operación del Gobierno? ¿Qué tratamiento tendrán las deudas de acreedores y suplidores locales y qué efecto tendrán sobre la falta de liquidez del Gobierno?

En un caso de reorganización de negocio privado normalmente se paralizan los pagos de las deudas no aseguradas desde el momento de la presentación de la acción judicial. Esto provee un ahorro que puede crear un impulso que ayude a mantener el negocio insolvente en marcha mientras se atiende el caso judicial.

Lo mismo podría aplicarse a los pagos de suplidores del Gobierno con una “pre-petición” bajo el Título III de la Ley “PROMESA”. Tal paralización en los pagos de la deuda vieja de suplidores, en teoría, debería producir un ahorro de varios miles de millones de dólares anuales al Gobierno. Esta posposición en el pago, atado al “recorte” de aproximadamente 80% provisto bajo el Plan Fiscal certificado por la Junta federal para la amortización de los bonos, aunque no produce dinero nuevo para operar, podría resultar en alivio sustancial al Gobierno.

Dos preguntas adicionales al Gobierno: ¿estos ahorros son suficientes para evitar el cierre del Gobierno por falta de liquidez? ¿O hace falta una inyección de fondos de otra fuente? La contestación depende de otras interrogantes: ¿qué constituyen los “servicios esenciales” y cómo piensan estructurar un plan de pago a los nuevos suplidores (post-petición), para asegurar que no se interrumpan los servicios por el tiempo que dure el caso de Título III ante el Tribunal?

En ausencia de una infusión de dinero nuevo, otra forma de conseguir que los suplidores y contratistas continúen prestando los servicios necesarios sería proveyendo pagos al instante o garantizando de alguna forma unas nuevas líneas de crédito dentro del caso de Título III. Ambas soluciones son difíciles bajo PROMESA, a menos que puedan negociarse extensiones de crédito con los suplidores o dinero nuevo con bonistas.

La alternativa de financiamiento interino puede requerir el garantizar los nuevos créditos con gravámenes de rango superior y hasta subrogar acreedores superiores. Además, cualquier “dinero nuevo” o extensión de crédito, podría estar atado a un acuerdo de intercambio con bonos asegurados a términos extremadamente desfavorables para el Gobierno y otras condiciones peligrosas para el deudor. Cualquier forma de préstamo nuevo o línea de crédito con garantía deberá contar con aprobación de la Junta y aval judicial.

¿Cómo se definen servicios esenciales y sostenibilidad? La sección 201(b) de PROMESA indica que el Plan Fiscal de cinco años requiere asegurar los fondos para los “servicios esenciales”. A la vez requiere que se provea dinero para el pago de las pensiones y que la amortización de la deuda debe ser a base del principio indefinido de “sostenibilidad”. La misma sección establece que se deben respetar las prioridades establecidas por la constitución, otras leyes del territorio y cumplir con los contratos. Además, el asunto se complica, porque nadie sabe en esta etapa cuál será la cantidad de recorte final a los bonistas.

El reto del Gobierno es conseguir un balance adecuado entre estos pilares del Plan Fiscal: sostenibilidad de amortización, servicios esenciales, financiar pensiones y respetar prioridades legales y contractuales. Estos mismos principios se deben incluir en el plan final de ajuste de deudas a presentarse ante el Tribunal en el futuro. Hasta ahora el Gobierno no ha podido explicarle al pueblo la fórmula exacta que piensan usar para implantar estos requisitos fundamentales de PROMESA que deben ser los mismos usados en el Plan Fiscal y en el Plan de Ajuste de Deuda a someterse al Tribunal.

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