Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Efectos económicos del cambio político

En las semanas turbulentas que estamos viviendo, casi todos los economistas nos hemos enfrentado a la pregunta de cómo se afecta la economía de Puerto Rico por las protestas populares y la crisis en el gobierno.

Las cancelaciones de barcos cruceros y el cierre temporero de comercios en el Viejo San Juan son los ejemplos más visibles del efecto económico inmediato. Pero no constituyen un daño mayor ni permanente para la economía en su conjunto, aunque son muy importantes para quienes los sufren de manera directa.

Será en el mediano y largo plazo cuando veremos las repercusiones económicas más importantes de los sucesos sorprendentes que han transformado de golpe el escenario político en la isla.  En medio de un proceso de renegociación de deuda y reorganización fiscal, y cuando todavía hay dudas sobre cuándo y en qué magnitud llegará la ayuda federal para la reconstrucción, nos vemos de súbito con un gobierno de transición que de seguro será poco más que ceremonial y que todavía tiene ante sí más de un año de gestión.

Si fuera a ejercer de verdad su poder ejecutivo, en vez de limitarse a supervisar la inercia operacional de la administración pública por 17 meses, el nuevo residente de La Fortaleza tendría que acometer varios retos formidables.

El primero es tratar de cambiar la imagen, tanto en la isla como en el exterior, de que el gobierno de Puerto Rico es rehén de políticos y contratistas corruptos.

El segundo es tender puentes con las autoridades de Washington para facilitar el flujo de los fondos para la reconstrucción.  El tercero es negociar un modo de coexistencia con la Junta de Supervisión Fiscal que permita ejercer el presupuesto gubernamental y completar la renegociación de la deuda, mientras se define el futuro de la Ley Promesa.

La salud de la economía puertorriqueña en el mediano y largo plazo dependerá de cuánto logre el gobierno avanzar en estas tres tareas. No es justo ni realista esperar que un gobierno de transición asuma por completo una agenda tan ambiciosa.  Bastaría con que allane el camino para quien resulte electo en noviembre 2020.

Las primeras dos tareas están relacionadas. La explosión popular de estas semanas no se debe solamente al infame chat, sino también a la exasperación del pueblo por el arraigo de la corrupción en el espacio público; corrupción que se hizo mucho más odiosa tras las pérdidas personales y colectivas causadas por el huracán.  Además, la corrupción ha sido el argumento principal del presidente Donald Trump y otras voces influyentes en Washington para obstaculizar el financiamiento de la reconstrucción en la isla.

Al gobierno de transición le tocará colaborar con las autoridades federales en las investigaciones en curso, que se espera produzcan nuevas acusaciones.  Sería estupendo que pudiera movilizar fuerzas propias contra la corrupción, y no meramente hacerles eco a los federales.

Un asunto más peliagudo es el futuro de Promesa.  En los dos partidos políticos principales predominan las voces que rechazan a la Junta, y es casi seguro que este será un tema importante en la próxima campaña electoral.  Es difícil imaginar a un nuevo gobierno, a partir de enero 2021, que pueda trabajar con la Junta y Promesa como existen en la actualidad.

A esto se suma que la gestión de la Junta no cuenta con el visto bueno del pueblo.  Muchos dudan de la viabilidad de los acuerdos negociados con los acreedores, pero es posible que pronto se haya negociado casi la totalidad de la deuda.  Siendo así, es posible que los bonistas, que impulsaron la Ley Promesa en Washington, pierdan interés en el futuro del estatuto, estando ya sus intereses más o menos protegidos.

Si a todo lo dicho se añade la posibilidad de que la Junta se convierta en el próximo blanco de las protestas populares espontáneas, es razonable pensar que en Washington haya oídos receptivos para pasar la página con Promesa y buscar otros mecanismos que garanticen transparencia y efectividad en el uso de los fondos de reconstrucción.

Conviene pensarlo y debatirlo, antes de que se impongan las voces que ya proponen, de manera simplista y sin conocimiento de las condiciones locales, que la cura para la crisis de gobierno en Puerto Rico es ampliar los poderes de la Junta.

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