Kevin Miguel Rivera Medina

Punto de Vista

Por Kevin Miguel Rivera Medina
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¿Ejecutar o salvar?, esa es la pregunta

Un día como hoy, hace 91 años, en Puerto Rico erradicamos el mal de la pena de muerte de nuestro sistema legal. Hoy, enfrentando la pandemia del COVID-19, no debemos dudar de la responsabilidad principal que tienen los gobiernos de salvaguardar el derecho a la vida humana, junto a la seguridad ciudadana. Lo contrario es otra condena a muerte para miles de personas. 

En Estados Unidos, por ejemplo, han muerto sobre 50,000 personas por el COVID-19. Recientemente, profesionales de la medicina, salud pública y la farmacéutica solicitaron a los 25 estados que todavía aplican la pena capital que donaran urgentemente a los hospitales los sedantes y paralizantes que emplean en las ejecuciones. “Estos medicamentos nunca se fabricaron o desarrollaron para causar la muerte; por el contrario, muchos fueron formulados para conectar a los pacientes con respiradores que salvan vidas y disminuyen la incomodidad de la intubación”, añaden en su carta. 

La solicitud ha encontrado resistencia porque los gobiernos consiguieron los fármacos de manera nebulosa y secreta, ya que no fueron producidos para matar, sino para tratar la salud. Y es ahí donde la mezquindad de la pena capital saca su peor rostro. No es solo que la pena de muerte se aplica de manera racista, clasista y, muchas veces, a gente inocente; es que el menosprecio a la vida humana es tan vulgar que prefieren quedarse con los fármacos para intentar matar en el futuro, en lugar de poner su mayor esfuerzo en salvar vidas hoy. Pierde, pues, el Estado su principal razón de ser, esa de resguardar el derecho a la vida y la seguridad ciudadana.  

Varias galeras de la muerte en los Estados Unidos, donde las personas privadas de libertad, muchas de ellas en aislamiento, ya tienen casos positivos al COVID-19. Arizona, por ejemplo, informó de cuatro condenados a muerte positivos al virus y cinco más con síntomas. La población de adultos mayores en las cárceles es aún más vulnerable, como el caso de Kris Majarah, que se libró de ser ejecutado en la Florida, y ahora, con más de 80 años, parece estar sentenciado por el COVID-19 en una cárcel donde el virus se ha regado. 

No deja de sorprender que la mitad de los estados todavía esté empecinada en gastar sus recursos en la pena capital. El costo anual de la pena de muerte en Florida es de $51 millones; y en lugares como Indiana, el costo de la pena capital es 10 veces mayor que otros casos similares sin este castigo. Esos recursos pueden bien usarse para alimentar a las familias en esta pandemia, para ofrecer ayuda a quienes quedaron desempleadas, para salvar vidas en los asilos, para reactivar la economía destrozada. 

Hemos llegado al absurdo de países que amenazan con castigar con la ejecución a quienes cometan delitos relacionados con el COVID-19, como ocultar información o desinformar (China), escupir teniendo la enfermedad (Arabia Saudí),  disparar a quien no obedezca la cuarentena (Filipinas). Irán, por su parte, aprovecha la pandemia para ejecutar a un ofensor juvenil, cuando la comunidad internacional está más centrada en la plaga. Igual de terrible es el recrudecimiento de bloqueos y sanciones económicas inhumanas a países hermanos que les priva de alimentos o el robo mercenario de recursos médico-hospitalarios. El grito por la vida tiene que ser más fuerte que la demagogia y la perversión. Traiciona la humanidad quien se sirve de la angustia para aprovecharse a costa de la muerte.

Que ningún gobierno rehúse a su responsabilidad de salvaguardar la vida digna y los derechos humanos y civiles, a riesgo de perder legitimidad. Así lo comprendimos en esta tierra hace 91 años, y es tiempo de reafirmarnos ante la pandemia. ¡Nos va la vida en ello!

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