Tom Sanzillo

Tribuna Invitada

Por Tom Sanzillo
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El acuerdo de deuda de AEE repite errores del pasado

El pueblo de Puerto Rico está a punto de ser golpeado con un acuerdo inasequible de deuda de $8.2 mil millones que aumentará las tarifas de electricidad por 47 años, perjudicando la recuperación económica de la Isla. Y nadie en el gobierno puertorriqueño o la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es capaz de defenderlo. Sabemos esto porque ningún funcionario comparecerá al tribunal de quiebra para testificar que este acuerdo es de interés público.

¿Cómo es posible? Porque una vez más los líderes gubernamentales están entregando las finanzas de Puerto Rico a expertos externos egoístas.

Parece que este enorme acuerdo multimillonario será aprobado bajo una gobernadora temporal, no electa, y que no tiene un asesor gubernamental competente que pueda responder por esta decisión. 

Inclusive, el liderato de la Autoridad está perdido en acción. El gobierno de Puerto Rico testificó que el director ejecutivo de AEE, José Ortiz, “no estaba involucrado” en las negociaciones sobre la deuda. Los líderes de AEE aprobaron el acuerdo, pero no pueden defenderlo.

El único funcionario del gobierno que ha testificado, Christian Sobrino, fue despedido como negociador principal y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. El mes pasado se anunció que un consultor externo, Fernando Batlle de Ankura Consulting, con sede en Boston, no un funcionario gubernamental, reemplazaría el testimonio contaminado de Sobrino.

¿Cómo se metió Puerto Rico en este lío fiscal? El investigador de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, Kobre & Kim, encontró que la aprobación de transacciones complejas se basó en el asesoramiento de consultores externos con conflictos de intereses.  Los investigadores documentaron que AEE perdió a expertos por las fluctuaciones de personal y la contratación de empleados políticos incompetentes, una tendencia que continúa hoy en día.  Antes de la investigación de la Junta, la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público descubrió negligencia por parte del ejército externo de abogados, contadores y asesores de Puerto Rico.

Según su testimonio, Sobrino fue el único funcionario directamente involucrado en las negociaciones para el acuerdo. El testimonio muestra que dependía del consejo de Ankura Consulting.  Se acordó un pacto malo para Puerto Rico y parece que en el gobierno no hay alguien con suficiente conocimiento para defenderlo. Mientras, las finanzas de Puerto Rico siguen fuera de control.

Se supone que la Junta trabaja para la recuperación fiscal de Puerto Rico a largo plazo. Sin embargo, apoya este acuerdo sin algún análisis que muestre que la economía puertorriqueña puede con el repago de la deuda al nivel propuesto.  El plan fiscal más reciente de la Autoridad aprobado por la Junta muestra claramente que las tarifas que resultan del acuerdo son demasiado altas. El Plan Fiscal del Gobierno proyecta que tendrá déficits presupuestarios continuos a partir del año fiscal 2027. 

Al apoyar este mal acuerdo, la Junta está ignorando el hecho de que los ciudadanos pueden verse obligados a pagar una deuda de la que no deberían ser responsables. La Junta declaró en una demanda separada relacionada con la AEE que la Autoridad estaba en bancarrota en 2011. AEE ha emitido $1,300 millones de deuda desde entonces. ¿Fue emitida legalmente?  Una demanda presentada por las aseguradoras de bonos ha puesto en entredicho otros 3,700 millones de dólares en deuda de la AEE. ¿Por qué aceptar pagar esta cantidad astronómica, si los puertorriqueños no la deben?

Cualquiera de estos factores –falta de análisis económico, preguntas sobre la legalidad de la deuda, nadie responsable del acuerdo y una firmante que se irá en cuestión de meses– debe verse como un defecto fatal. Como resultado, la gobernadora y la Junta de Supervisión Fiscal deben retirar su apoyo.

El autor es director de Finanzas del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Tiene 30 años de experiencia en finanzas públicas y privadas, incluyendo como primer subcontralor del estado de Nueva York, donde supervisó un fondo de pensiones de $156 mil millones y $200 mil millones en programas de bonos municipales.


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