Vicente Feliciano

Punto de vista

Por Vicente Feliciano
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El ajuste de la deuda

Como en toda negociación, el nuevo acuerdo con los bonistas es resultado de un toma y dame donde cada parte tuvo que ceder algo. En este caso, el trámite ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) modifica el acuerdo de septiembre de 2019.

La JSF consiguió adelantos importantes con respecto al acuerdo original. Primero, se redujo el total de la deuda a los bonistas en $200 millones. Segundo, se redujo la tasa de interés de los bonos de 5.72% a 5.55%. Tercero, se incrementó el número de bonistas que apoyan el acuerdo.

Bonistas con unos $3,000 millones en deuda apoyaban el acuerdo de septiembre del 2019 mientras que bonistas con $8,000 millones en deuda apoyan el acuerdo de febrero 2020. Este mayor apoyo aumenta la probabilidad de que el acuerdo sea aprobado por la jueza Laura Taylor Swain.

Para conseguir estos avances positivos para Puerto Rico, la JSF cedió en términos de seguridad de repago. Así pues, el acuerdo de septiembre del 2019 era a base de $2,900 millones en efectivo y $11,777 millones en bonos. El acuerdo de febrero 2020 es de $3,809 millones en efectivo y $10,669 millones en bonos. No hay nada más seguro que el pago al contado.

Los bonos que se emitirían en el acuerdo de septiembre 2019 eran bonos de obligación general. El nuevo acuerdo especifica que la mitad de los bonos serán de obligación general y la mitad de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Los bonos Cofina tienen como garantía de pago los recaudos del IVU. Por lo tanto, han recibido un mejor trato en el proceso de restructuración que los bonos de obligación general.

Igual que un individuo que sale de un proceso de quiebra, la proyección ahora mismo es que el país va a enderezar sus finanzas. Sin embargo, si Puerto Rico vuelve a ser insolvente en un futuro, será factible restructurar los bonos de obligación general mientras que será más difícil conseguir cambios en los bonos Cofina.

Dos actores importantes se oponen al nuevo acuerdo. Por un lado, el gobierno de Puerto Rico entiende que no se deben tocar las pensiones. El gobierno participó de la negociación con los bonistas hasta diciembre del 2019. Según la JSF, el 75% de las pensiones no se impactan con el acuerdo.

Por otro lado, las aseguradoras, también llamadas “monolines”, entienden que se le está pagando muy poco a los bonistas. Las aseguradoras cobraron una prima por garantizar que el gobierno iba a pagar los bonos. Por lo tanto, lo que Puerto Rico deje de pagar de los bonos garantizados por las aseguradoras, ellas lo tienen que cubrir.

Un grupo que claramente sale bien son los “hedge funds” que compraron la deuda a descuento. Cuando había incertidumbre sobre cuánto Puerto Rico iba a pagar, estos fondos compraron bonos de obligación general a 50 centavos o menos. Si los “hedge funds” terminan recibiendo 75 centavos de dólar, obtienen una ganancia de 50% en suinversión.

Las negociaciones de deuda son complejas y pueden hasta parecer injustas. Se manejan temas sociales, políticos, legales y financieros. El nuevo acuerdo luce mejor para el país que el de septiembre del 2019. Si es aceptable, depende del cristal con que se mire.

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