Hernán Padilla

Tribuna Invitada

Por Hernán Padilla
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El “apartheid” americano

Ante la crisis que atraviesa Puerto Rico luego de más de seis décadas bajo un estatus politico-económico fracasado y mientras el pueblo anhela la resolución del mismo hacia la igualdad, resulta imperativo examinar nuestra ciudadanía y nuestra Constitución americanas.

Puerto Rico es el primer territorio al que el Congreso concedió tener su propia Constitución y un sistema de gobierno republicano. El Congreso y el Ejecutivo autorizaron parcialmente a Puerto Rico poderes que corresponden exclusivamente a territorios encaminados a la admisión como estados de la Unión.

No fue hasta 2012 que el pueblo se expresó mayoritariamente en favor de la estadidad en un referéndum, no empece a que los líderes coloniales del PPD aún promulgan una interpretación falsa, errónea, partidista y acomodaticia a sus resultados y deliberadamente evaden el reconocimiento de que la estadidad representa la culminación del gran experimento americano y la igualdad ciudadana.

El movimiento estadista continúa correctamente denunciando a niveles local y nacional el que no se ha resuelto el estatus tras ese mandato, mientras otros atribuyen responsabilidad al Congreso por no haber encaminado la admisión, especialmente, cuando los arquitectos del experimento americano rechazaron de forma contundente la posibilidad de mantener territorios coloniales permanentes.

Como ciudadanos americanos, es fundamental comprender la Constitución de Estados Unidos y que ha evolucionado, ampliando la definición de “We the people” para incluir al pueblo como los verdaderos soberanos de la república y que los poderes del Ejecutivo y del Congreso emanan del pueblo.

No obstante, siendo Puerto Rico un territorio no incorporado (incorporado de facto), la igualdad que garantiza la Constitución americana en su quinta y decimocuarta enmiendas no se ha hecho completamente extensiva a los ciudadanos americanos residentes en la Isla, quienes permanecen excluidos del pleno disfrute de muchos derechos fundamentales.

Mientras, no tengamos el derecho al voto presidencial, a elegir una representación proporcional y a participar en igualdad en el Gobierno federal, y no disfrutemos de todos los derechos, privilegios y responsabilidades, la Nación tiene que reconocer que el estatus actual, las leyes existentes e interpretaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos excluyen injustamente a sus conciudadanos en Puerto Rico de ser parte integral de “We the People”.

Es sencillamente inaceptable que los conciudadanos de Puerto Rico vivan bajo un déficit democrático, sin los derechos civiles y constitucionalmente fundamentales que nos corresponderían como estado.

El Congreso no puede ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el Gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos. Insisto en que la Enmienda XIV creó una ciudadanía nacional y nos convirtió en una nación de ciudadanos, que exceptúa a Puerto Rico, cuyos constituyentes carecen de los mismos derechos por no haber viabilizado la soluciona del estatus y ser admitidos como estado.

El actual territorio colonial, erróneamente llamado ELA, equivalente a un “apartheid americano”. La Constitución establece el proceso para resolver esta injusticia, representativa de los últimos vestigios del colonialismo. La lucha por la igualdad de derechos, oportunidades, progreso y respeto como ciudadanos americanos es una lucha moral y constitucional para ser admitidos como estado y disfrutar del poder natural y político que confiere la plena ciudadanía americana.

Cinco millones de puertorriqueños residentes en los 50 estados ya disfrutan de todos los derechos constitucionales y se han convertido en “We the people”. Para que los ciudadanos americanos en Puerto Rico logremos lo mismo, el Congreso tiene la obligación de viabilizar la verdadera solución democrática que nosotros nos merecemos: la estadidad.

Ante la renuencia contumaz de la Administración colonial de someter la definición de estatus requerida para un referéndum avalado por el Congreso, procede que tanto el Congreso como el Ejecutivo apoyen el referéndum “estadidad sí o no”.

Ya basta de retórica. Exijamos el final de esta imposición política humillante y vergonzosa que mancha la gran Nación americana y les niega la igualdad a los ciudadanos americanos en Puerto Rico.

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