Kenneth Rivera Robles

Tribuna Invitada

Por Kenneth Rivera Robles
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El arbitrio solitario

Desde finales de la década de 1940 Puerto Rico ha dependido de la concesión de exenciones contributivas como parte de su modelo de desarrollo económico. Estas han ido evolucionando a través de los años en cuanto al tipo de actividad que se entendía como exenta y la cuantía de las exenciones. Una de las actividades que ha utilizado con mayor frecuencia esta herramienta es la manufactura.

En años recientes una manufacturera que se acoge a una exención contributiva lo hace mediante la concesión de un decreto de exención contributiva el cual tiene naturaleza contractual entre la empresa exenta y el gobierno de Puerto Rico. Significa que, como regla general, el gobierno local no debe cambiar los beneficios acordados en el decreto de forma unilateral.

Durante el año 2010 la situación económica de la isla estaba bastante comprometida. Para ese año los recaudos de contribuciones rondaban los $7,700 millones anuales. En ese momento, se consideró aumentar la aportación fiscal de las manufactureras con decretos de exención. Sin embargo, estaba el reto de imponer tributos a una entidad cobijada por un acuerdo contractual para que no le aumentaran sus contribuciones.

En octubre del 2010 se firmó la Ley 154 con una estrategia para atender la situación. La ley impone una obligación contributiva a una afiliada de la operación local. Por ejemplo: la Compañía MA se dedica a manufacturar sombreros en Morovis y tiene un decreto de exención contributiva. Sin embargo, Compañía MA le vende toda su producción de sombreros a Compañía FL que es una foránea localizada en el estado de Florida. La Ley 154-2010 le impone la obligación contributiva a Compañía FL, pues la tenedora del decreto era Compañía MA.

Esta imposición se hizo mediante un cambio a las reglas de fuentes de ingreso para empresas foráneas que tuvieran operaciones en Puerto Rico, para que estas tuvieran que pagar contribuciones locales. ¿Qué decía esta nueva regla? Como Compañía FL está comprando de su afiliada en Puerto Rico debe pagar contribuciones locales. Este cómputo era complicado así que la Ley 154 impone una medida de transición: un arbitrio de 4% a las compras que Compañía FL hacía de Compañía MA. De ahí es que surge de manera provisional y transitoria el legendario arbitrio solitario de 4%. Cuando se firma la ley en el 2010, el arbitrio tendría vigencia hasta el 2016 y la tasa se iba reduciendo paulatinamente de 4% a 1%.

Desde el punto de vista empresarial el arbitrio fue una sorpresa de poco agrado para las empresas manufactureras pues el mismo fue aprobado de forma repentina -durante un fin de semana- con muy poca participación de este sector. Para mitigar el impacto económico a estas empresas, el gobierno local entabló conversaciones con el Tesoro Federal y el IRS. Mediante el Notice 2011-29 emitido en marzo de 2011, se autorizó acreditar este impuesto en la planilla federal. O sea, que si Compañía FL pagó $1,000,000 de arbitrios bajo la Ley 154 durante un año, se le puede descontar de su contribución federal. Esto significa que el gobierno federal asume gran parte del costo económico de la nueva imposición.

En el área de recaudos, el impuesto excedió las expectativas generando casi $1,800 millones de ingresos anuales para el gobierno. Por esta razón el gobernador Alejandro García Padilla mediante la Ley 2-2013 aumentó el arbitrio otra vez a 4% y extendió su vigencia por un año hasta el 2017. El gobernador Ricardo Rosselló hizo algo similar y mediante la Ley 3-2017 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.

Esto permitió que el Fondo General alcanzará recaudos totales anuales de más de $9,000 millones. De hecho, al día de hoy los recaudos del arbitrio son casi $16,000 millones, mientras que entre 2017 y 2018, los recaudos de fueron casi $2,100 millones.

Sin embargo la Junta Fiscal reconoció que este arbitrio está sujeto a ciertos riesgos. En particular, por la Reforma Contributiva federal que hizo menos atractiva la operación de empresas foráneas fuera de Estados Unidos. Es por eso que del año actual al 2024, se estima una reducción en recaudos del arbitrio de 42%.

No debe sorprender el aviso hecho por el gobierno federal esta semana, ya que siempre se entendía que era transitorio. Corresponde ahora decidir si se dejará que termine y comenzaremos a usar el método alterno que provee la Ley 154-2010, o si se intentará buscar nuevas alternativas.

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