Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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El asedio encapuchado

Aunque el Departamento de Justicia y la Oficina de la Contralora le hayan certificado al Senado que, al día de hoy, el CPA Raúl Maldonado, secretario de Hacienda, no está siendo investigado por otorgar contratos a compañías que sí están en problemas, eso no es ninguna garantía de que, a medida que avance la investigación, especialmente en el ámbito federal, la cosa se pueda complicar.

Al leer la historia del pasado viernes, aparecida en este diario, que cuenta cómo el actual Secretario de Hacienda organizó un comité para evaluar contratos de tecnología, formado por los mismos negociantes que querían obtener esos contratos, pensé que a lo mejor ese hablar pausado de Maldonado es síntoma de su increíble fe en la humanidad, y que los “evaluadores”, que terminaron repartiéndose el bizcocho, se aprovecharon de él.

Si existen las minutas de las reuniones de ese comité, que recomendó sus propias empresas, y calculó los millones que se iban a invertir, hay que publicarlas. Yo sé que es dramático, pero al final es cómico. Cuando terminaban las reuniones, los “evaluadores” iban donde Maldonado, le daban una palmadita en el hombro, y le decían que no se preocupara, que ellos habían analizado rigurosamente las propuestas de los candidatos (que eran ellos mismos).

Vamos a decir las cosas como son: Hacienda está ahogada en porquería.

Y el Gobernador, en lugar de admitirlo, y dar un sacudón de arriba abajo, que estremezca los cimientos de esa agencia, lo que hace es mover fichas: pone por allí a Maldonado, traslada para acá a Llerandi, elimina a Teresita Fuentes, en fin, el parchís desesperado que se genera en mitad de un tranque descomunal.

Ahora se sabe que un alto funcionario de Hacienda, secretario auxiliar de tecnología, advirtió en su momento que era él quien tenía que evaluar a las empresas que estaban licitando para ofrecer servicios tecnológicos en Hacienda. Entonces, para contentarlo, crearon una especie de comité paralelo, pero sin eliminar el primero, el que estaba formado por los dueños de las compañías que se alababan a sí mismos para autoconcederse contratos.

Nadie pierda de vista que esos sujetos, de empresas privadas que ahora están bajo la mirilla de las autoridades, manejaban la información financiera de todos nosotros, y la siguen manejando. ¿En qué puede afectarnos eso? Que lo diga el FBI. Pero me parece que es arriesgado que una organización, un andamiaje, un esquema lleno de gente que tiene tantos conflictos éticos, tenga acceso a los números, intereses, direcciones y circunstancias de los contribuyentes.

Se le pone a uno la carne de gallina.

Ahora afloran vínculos terribles. El reportaje publicado el pasado viernes por El Nuevo Día nos recuerda que en 2016, la División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico y el Servicio Secreto de Estados Unidos, allanaron una armería como parte de una pesquisa de falsificación de sellos de rentas internas. También ha trascendido que la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, estaba “preocupada” con OPG Technology, empresa que controla la cosa de los sellos, razón por la cual ordenó una auditoría. Uno tiene que suponer que cuando esta funcionaria escarbó un poquito con la uña y vio lo que había bajo la pintura, salió pitando para La Fortaleza y ocurrió lo que ocurrió: tuvo que hacer su carta de renuncia y no ha vuelto a abrir la boca.

La Junta de Control Fiscal avaló la fusión de dos agencias, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto; guardó silencio, en cambio, acerca de la figura de Raúl Maldonado. Ni lo aprueba ni lo desaprueba. Es lo que se hace cuando se tiene la certeza de que las cosas irán cayendo por su propio peso.

Siendo Puerto Rico un narcoestado, donde los tentáculos alcanzan, o intentan alcanzar todos los niveles de la vida pública, y siendo el Departamento de Hacienda una agencia clave, esencial, dotada de relevante información, y encargada, de cierta forma, de perseguir el lavado de dinero, lo lógico es que, con todo lo que se ha publicado, las autoridades caigan allí con una fuerza de tornado y levanten hasta las losetas del piso.

Hacienda merece ser investigada a fondo. Se lo ha ganado a pulso. Los escándalos que surgen en otras instancias públicas, bien sean por fraude o por mal uso de fondos, son apenas “desviaciones” insignificantes comparados con lo que puede ocurrir si alguien descubre el modo de infiltrar al Departamento de Hacienda o lavar dinero a través de esa agencia.

Dentro del deterioro general de la vida pública, y la sombra creciente de la corrupción tocando tantas bases, solo nos faltaba que cuatro gatos que no sabemos ni de dónde salieron, ni qué experiencia tienen, ni cuales son sus credenciales, se hagan con la impresión exclusiva de sellos y marbetes, y con el diseño de sistemas donde todos quedamos retratados, y donde todos somos vulnerables.

Cualquier cosa podría pasar, ¿no se quejaron acaso, funcionarios de Hacienda, de que esos contratistas tenían luz verde para acceder a datos sensitivos que ni ellos tenían a su disposición?

El último bastión de los números y del dinero público está asediado.

Síndico, no tarde mucho.

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