José A. Fusté

Punto de vista

Por José A. Fusté
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El balance de derechos

No le hagas a tu prójimo el daño que no deseas para ti. Esta norma de aplicación universal tiene un hilo conductor con nuestra Constitución puertorriqueña la cual, en su Sección Ocho de la Carta de Derechos, protege contra el ataque abusivo a la honra y la reputación. Esto, a su vez, tiene una conexión directa con una controversia reciente mediante la cual se critica a la Secretaria de Justicia y a la vez se le solicita que se una a rumores e inuendos respecto a casos bajo investigación en los cuales no se han radicado cargos criminales.

Te pregunto puertorriqueño, ¿te gustaría que si a ti te están investigando, con razón o sin ella, la Secretaria de Justicia venteara tu situación a los cuatro vientos?

Y si resulta que el caso es un mal habido por la razón que sea, ¿quién te devuelve tu reputación y tu honra en una isla de 100 x 35? Estoy completamente seguro de que a nadie le encantaría estar en esa situación.

No debemos olvidar la Carta de Derechos y no podemos pisotear reputaciones de ciudadanos bajo investigación. Esta es una gran falta inconsistente con lo que es el derecho procesal constitucional criminal.

Desde tiempo inmemorial, las investigaciones criminales se conducen en forma discreta de tal forma que el Poder Ejecutivo pueda investigar, radicar cargos o desistir de la investigación por razones válidas. Esto se hace bajo protocolos investigativos ya establecidos dejando un récord escrito sobre ello. Si los cargos proceden, la norma legal es la radicación de cargos. Si no hay caso, la discreción y el cuidado de que no se filtre información protege al ciudadano inocente.

Aún bajo esta norma, se permite constitucionalmente que, al momento de radicación de cargos, el Poder Ejecutivo, en este caso, la Secretaría de Justicia informe públicamente de que se tratan los cargos. Hacerlo antes es un grave error, pues se estarían violando derechos constitucionales de la Carta de Derechos y más aún se le inflige un gran daño a la presunción de inocencia de la cual todos gozamos.

Nuestra Secretaría de Justicia proviene del sistema federal el cual permite también que el poder Ejecutivo mantenga en secreto las investigaciones criminales. De ahí el famoso “no puedo comentar o no puedo afirmar o desmentir” o simplemente “no podemos dar información en este momento”.

La Secretaria de Justicia es una persona honrada y disciplinada. Está tratando de hacer las cosas bien y me parece que el ataque a su persona, por tener un “zipper” en la boca y por no ser un grifo abierto soltando información a destiempo, debe respetarse.

Volvemos a donde comenzamos. Me parece que los puertorriqueños no desean que los pelen públicamente cuando son objeto de investigación sin más.

Finalmente, nuestra isla es pequeña y está saturada de medios de comunicación. Sacar trapos sucios a lo loco, redundaría en un agravio constitucional donde no se respeta lo que la Constitución y la ley disponen.

La prensa seguramente entiende qué hay una fina línea entre el derecho a publicar y los derechos constitucionales de los ciudadanos. Tratemos de no olvidar que se trata de un sabio balance que debe ser respetado por todos. Recuerden a su vez que si el Departamento de Justicia amapucha algo impropiamente, eso se va a saber, tarde o temprano. Miren lo que está pasando en Washington, D.C. Un amapucho trae para el Ejecutivo consecuencias funestas.

No sigamos desconfiando de nuestras instituciones ya maltrechas. Respetemos el balance mencionado y devolvamos a nuestro sistema de Justicia el respeto que se merece. Piénsenlo bien; no procures para un tercero lo que no deseas que te pase a ti. Es una norma milenaria basada en experiencia humana. No es un invento moderno. Es lo que es —balance entre derechos en competencia. Es también lo que es —fundamento religioso que el que más o el que menos acepta no importa el credo que profese. Responsabilidad ante todo por el bien común.

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