Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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El banquete de tiburones y las deficiencias tributarias en Puerto Rico

La carta de 27 de diciembre de 2018 enviada por la Junta de Supervisión (la “Junta”) al gobernador Ricardo Rosselló, trata con el asunto más trascendental que tiene Puerto Rico en su agenda: la transformación del sistema contributivo.

La Junta requiere que cualquier legislación contributiva se mantenga neutral (“revenue neutral”) e indica, que la vídeo lotería, que propone crear un casino en cada cafetín de la isla, no incluye un estimado de costos.

La Junta termina amenazando con paralizar la aplicación de las secciones sobre la vídeo lotería y hasta la ley en su totalidad, de no proveerse los estimados de costos.

Aunque la Junta esta desprestigiada ante la opinión pública, esta vez puede tener razón: el gobierno y la legislatura han fallado olímpicamente en resolver las insuficiencias del sistema contributivo, que constituye la causa de los déficits endémicos y la crisis fiscal de Puerto Rico.

El informe del Investigador Independiente (Kobre & Kim) no ha servido para mucho, aunque confirma que Puerto Rico se convirtió en un banquete de tiburones para beneficio de las casas de inversiones y los bancos (locales y extranjeros), generado por la incompetencia y posible corrupción de los gobiernos en poder.

Pero, la crisis de la deuda se debe al déficit estructural. Asunto que no se resuelve con sueños rosados sobre recortes a bonistas o con estimados de crecimiento y sobrantes irreales, sino con una reforma contributiva genuina que elimine el desbalance estructural.

A su vez, el gobierno actual responde a las críticas diciendo, que la nueva ley contributiva contiene unos $2,000 millones en concesiones nuevas y con una promesa efímera de que todo se resolverá bajo un modelo Keynesiano de crecimiento económico fabuloso y con un nuevo “código de incentivos” a implantarse antes de las elecciones...

Sin embargo, una verdadera reforma contributiva requiere mucho más que ampliar el abanico grotesco de exenciones contributivas, puestas en vigor con fines proselitistas por los distintos políticos de turno.

Y, la inclusión en la nueva ley contributiva de los $2,000 millones en “concesiones” adicionales y las infames vídeo loterías indica, que los políticos locales y la Junta no han aprendido la lección.

Se debe en vez buscar redistribución de la riqueza, simplificación del sistema y eliminación de cientos de exenciones, créditos y deducciones legisladas por los últimos 20 años, a veces por acuerdos secretos con el Secretario de Hacienda con grupos privilegiados.

Además, Puerto Rico tiene por lo menos tres economías de igual magnitud y pujanza: la legal que cumple sus obligaciones, la exenta que no reporta ganancias (industrias exentas, fideicomisos, iglesias) y la ilegítima (prostitución, tráfico de drogas, juegos y corrupción).

La economía subterránea de la isla produce ingresos que sobrepasan una tercera parte ($21,000 millones) del Ingreso Nacional Bruto del país, según BMI Research, New York (Bloomberg, 22 de mayo de 2017). Esto es, sin incluir la evasión contributiva que podría llegar al doble de lo cobrado.

O sea, Puerto Rico solo recauda alrededor de $9,000 millones anuales en contribuciones, cuando debería cobrar más de $20,000 millones, suficiente ingreso para pagar la deuda y crear un país que sería la envidia del mundo.

También es sorprendente la falta de interés que demuestra el gobierno y la legislatura en examinar las ganancias tan extraordinarias que reportan los bancos de Puerto Rico, en estos momentos donde se exige tanta austeridad y disciplina fiscal sobre las clases con niveles bajos de ingresos.

Que, por cierto, son las mismas instituciones bancarias y financieras, que señala el investigador independiente Kobre & Kim en su Informe sobre las causas de la crisis, que se lucraron al emitirse la deuda.

¿Cómo reformar un sistema contributivo inequitativo, ineficiente y desprestigiado e imponer responsabilidad contributiva sobre los que pueden pagar?

¡Este es el requerimiento que debe estar haciendo la Junta de Supervisión al gobernador!

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