Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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El camino en el litigio de Promesa

Las diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico sobre las reformas laborales han opacado los procesos ante el tribunal de Promesa que preside la jueza Laura Taylor Swain.

Pero ningún otro asunto tiene mayor impacto que la decisión judicial pendiente sobre la legalidad de la titularización de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que envuelve más de $16,000 millones y es el bloque más grande de deuda de Puerto Rico.

Además, una decisión judicial sobre Cofina puede afectar el mercado de la deuda municipal de la nación ya que muchos estados utilizan fórmulas financieras similares a Cofina, diseñada para evitar los límites constitucionales de deuda y supuestamente para conseguir intereses y condiciones más favorables.

La disputa inicial sobre Cofina involucra más de $2,000 millones depositados en una cuenta especial que el gobierno alega le pertenece. Pero la verdadera confrontación surge entre bonistas de obligaciones generales (GO’s) contra los de Cofina, quienes atacan las estructuras legales y prioridades de cada uno.

El asunto se complica, cuando bonistas de Cofina solicitan el traslado de la disputa al Tribunal Supremo de Puerto Rico, asunto que estuvo señalado para una vista la semana pasada, pero fue pospuesta para permitir continuar una mediación.

La posposición sorpresiva de la vista causó esperanza, porque un acuerdo voluntario entre los bonistas y el gobierno resolvería una gran parte de la controversia sobre la deuda del gobierno.

Las partes en esta negociación deben recordar que Taylor Swain sorprendió a los acreedores de la Autoridad de Carreteras, quienes creían que la sección 922(d) del código federal de quiebras garantizaba el repago de bonos garantizados con réditos especiales (special revenue bonds) durante el proceso de reestructuración judicial.

Un artículo reciente por Weiser-Barron menciona que la decisión adversa emitida por la jueza Swain en este litigio ha calado hondo en los círculos financieros. De fallar la mediación en proceso, la decisión de la jueza Swain sobre los fondos de Cofina podría ser igual de inaceptable a los bonistas y mercados.

Por otro lado, un acuerdo voluntario entre tenedores de bonos GO, Cofina y el gobierno podría asegurar los votos para confirmar un plan de ajuste de deuda bajo Promesa, poniendo al tribunal en posición de aprobar el plan por encima de acreedores disidentes.

La herramienta principal para forzar un recorte de deuda sustancial a los bonistas surge bajo la sección 314 de Promesa, que permite reducir el repago a los acreedores y bonistas, si una mayoría de acreedores en una clase votan a favor y el tribunal encuentra que el plan es viable y cumple todos los requisitos de ley.

Otro asunto que podría terminar ante la jueza Swain se relaciona con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La sección363 del código de quiebra federal que permite ventas en un proceso de reorganización no aparece en Promesa, pero existen ejemplos de ventas de agencias gubernamentales independientes como la AEE, con aprobación judicial o dentro del plan de ajuste final, según la legislación local aplicable.

Por tal razón, corresponde al gobierno local establecer un proceso de venta que cumpla con el plan fiscal, la política pública establecida en Promesa y requiera aprobación judicial.

Paradójicamente, la solución final para la AEE está lejos de resolverse. Aunque existen los fondos federales para la reconstrucción del sistema energético, no hay una determinación sobre el mejor sistema de generación y distribución ni existe la estructura legal para llevar a cabo los cambios.

Se espera que para fin de año la Junta pueda presentar un plan de ajuste con o sin la aprobación del gobierno local, agrupando acreedores similares por clases e indicando claramente los recortes que se intentan imponer a cada clase de acreedor.

Por supuesto, cada grupo perjudicado, incluso los pensionados, tendrán la oportunidad de oponerse al plan de ajuste según permite la sección 314 de Promesa.

Queda mucho camino por andar, pero estamos viendo progreso dentro de los procesos judiciales de Título III en cuanto a la resolución de la deuda pública de la isla.

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