Carlos E. Díaz Olivo

Punto de vista

Por Carlos E. Díaz Olivo
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El carimbo de la corrupción

La historia política de los Estados Unidos, junto con contribuciones de primer orden, también ha estado matizada por escándalos de marca mayor, tanto en el ámbito federal como estatal. Antes del escándalo de Richard Nixon y Watergate, las presidencias de Ulysses S. Grant y Warren Harding, se vieron ensombrecidas por los incidentes vergonzosos del circuito del Whisky y del Teapot Dome, respectivamente.

En Luisiana, Huey Long y su hermano Earl, se dice que hicieron desde la gobernación de ese estado, la aportación más significativa a la historia de la corrupción política. Ese dudoso legado se mantuvo vivo en generaciones posteriores, con los gobernadores Richard Leche y Edwin Edwards, el alcalde Ray Nagin de Nueva Orleans y el congresista federal, William Jefferson. Todos y cada uno de ellos convictos por cargos de corrupción a leyes federales.  

Otro estado que guarda un lugar especial en la historia de la corrupción estadounidense, es Illinois. Entre la lista de convictos por corrupción se encuentran los gobernadores Otto Kerner, George Ryan, Dan Walker y Rod Blagojevich. A esta deshonrosa lista hay que añadir al pasado Presidente del Cámara de Representantes federal, Dennis Hastert y a poderoso congresista, Dan Rotenkowski y más recientemente, a Jesse Jackson Jr.  

La historia del estado de Nueva York quedaría incompleta si no se hace referencia a la nefasta maquinaria de prebendas y corrupción conocida como Tammany Hall y su jefe, William M. Tweed. El acervo de corrupción continuó nutriéndose en ese estado, con las actuaciones deshonrosas del alcalde Jimmy Walker, el gobernador Elliot Sitzer y los congresistas Adam Clayton Powell y Charles Rangel.

Los ejemplos antes mencionados, son una muestra ínfima del grave problema de corrupción que afecta a la nación. La revelación de escándalos de esta naturaleza ha provocado pérdidas electorales y la introducción de controles rigurosos en la legislación y regulación, federal y estatal, a fin de evitar los manejos turbios en la administración de fondos públicos. Sin embargo, a pesar de la indignación que estos incidentes ocasionaron, ninguno de ellos conllevó la imposición de monitores, supervisores o coordinadores a las estructuras de operación estatal y mucho menos, la estigmatización de los ciudadanos de esos estados, como pertenecientes a un linaje particular de pillos o corruptos.  

En ese sentido, resulta indignante, que en el caso de las irregularidades y problemas de corrupción que han surgido en la administración pública en Puerto Rico, el Presidente y otros funcionarios federales, generalicen y estigmaticen a todos los puertorriqueños como corruptos e impongan mecanismo de control a nuestro gobierno que nunca se han atrevido a utilizarlos en estados de la Unión, con problemas históricos de corrupción mucho más serios.

Lo más indignante es que seamos los propios puertorriqueños quienes aceptemos, sin mayor problema ni rubor, tales categorizaciones e imposiciones discriminatorias, como justas y bien merecidas. No existe razón alguna para la contentura que exhibe la comisionada residente, Jenniffer González, con la designación del almirante Peter J. Brown, como coordinador federal de los fondos de recuperación. Tampoco existe razón, para que la gobernadora Wanda Vázquez, presente como una gran aportación, la creación de un consejo asesor compuestos, entre otros, por antiguos funcionarios federales, para garantizar el manejo efectivo de los fondos a la Isla. 

La corrupción por parte de nuestros funcionarios es inaceptable e intolerable.  Sin lugar a dudas, la adopción de controles para garantizar la pulcritud en la administración pública es importante.  Pero, la experiencia que hemos derivados de esas experiencias desgraciadas, es también útil y extensible a las demás jurisdicciones de la Unión. En vez de aceptar cabizbajos el fugo indignante del carimbo de pueblo corrupto, deberíamos exigir que estos controles sean de aplicación general a través de todos los Estados Unidos y no solo para Puerto Rico. 

No hay tal cosa como corrupción puertorriqueña o neoyorquina. Lo que existe es corrupción, no importa de dónde esta provenga ni quién la origine.  En ese sentido, es tiempo ya de que los puertorriqueños nos demos a respetar y exijamos el trato digno que corresponde a todo ser humano, tal como lo hacen los demás ciudadanos del mundo y nuestros propios conciudadanos en los estados de la Unión.  

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