Eduardo Villanueva

Punto de vista

Por Eduardo Villanueva
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El caso de Jensen y el valor de la vista preliminar

La vista preliminar está legislada e interpretada judicialmente para que un ciudadano no tenga que estar expuesto a los rigores de un juicio, máxime cuando su libertad está en juego. Hoy miles de personas están atentas a la transmisión en vivo de la vista preliminar en el caso del asesinato de Arellys Mercado. Por ese crimen está acusado Jensen Medina

En mi columna, “El deber de hacer justicia”, publicada el 5 de septiembre en este diario, expliqué como el sistema judicial está cargado procesalmente a favor del Estado. Por eso el caso de Jensen Medina, ha cobrado notoriedad e interés predominante en los medios de comunicación y el pueblo de Puerto Rico. 

Hasta el momento, la juez que preside la vista preliminar ha dirigido el caso ante abogados y fiscales competentes, de manera justa y balanceada. El rol del juzgador es hacer justicia, sin dejarse presionar por la opinión pública, sin temor a que no se le renomine o ascienda en su cargo, si así lo solicita.

En la vista preliminar el juzgador(a) tiene que resolver si el ministerio publico probó que hay una probabilidad de que el imputado señalado e identificado por el Estado, cometió un delito y determinar eventualmente si esa prueba ofrecida sería admisible en juicio. Ver: Pueblo V. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, (2011.

La prueba ofrecida puede ser prueba circunstancial admisible en derecho, como puede ser un video que inicialmente pruebe la presencia de una persona. O prueba directa, que incluso puede corroborar la prueba circunstancial. Lo que comuniquen los medios a favor o en contra del acusado, no puede ser un criterio que mueva el juicio del juzgador. La gravedad del delito no debe ni puede limitar los derechos del imputado a un proceso justo e imparcial y a ser juzgado por un juez(a) con ánimo no prevenido. El blasón de la justicia tiene que ser el valor de actuar con independencia judicial y libre de presiones externas al proceso que se ventila en sala y la notoriedad del caso y los actores del mismo.

 Los casos no se ventilan en la prensa. Los abogados ni el fiscal están obligados a comentar públicamente la prueba que habrá de adjudicar el juzgador. En el caso de Jensen Medina, la defensa ha decidido no comentar su posición ni la calidad de la prueba. No hemos visto esa misma prudencia por parte del ministerio público que ha estado muy activo contestando preguntas, a veces con discreción, a veces no con tanta discreción, especialmente en cuanto al lenguaje corporal cuando se pregunta por las posiciones de la defensa. Los derechos constitucionales son oponibles frente al Estado. El imputado tiene derecho a un debido proceso de ley tanto sustantivo como procesal que en esencia quiere decir un juego limpio.

La familia de la víctima merece que el Estado pruebe su caso. La defensa y el propio imputado, tienen derecho a que se pruebe la culpabilidad en un juicio justo e imparcial. Si ello ocurriere sin contaminación de la presión pública, se habrá hecho justicia. A eso debemos aspirar todos.


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