Ismael Torres

Tribuna Invitada

Por Ismael Torres
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El Cerro Maravilla 39 años después

Este escrito es dedicado al abogado criminalista Enrique (Chino) González, quien esclareció esos sucesos.

Hace 39 años, la Policía de Puerto Rico mató a dos jóvenes independentistas en Villalba, en medio de un ambiente de hostigamiento contra el independentismo, promovido durante esos años por elementos de los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Ya desde las décadas del sesenta y setenta las fuerzas oficialistas mantenían un acoso contra activistas independentistas en sus comunidades, advirtiéndoles a los vecinos sobre la “peligrosidad” de esas personas que presuntamente robaban bancos y manejaban explosivos en sus residencias. Muchos fueron los independentistas que tuvieron que mudarse de sus vecindarios porque sus vecinos, aterrados, no dejaban ni que sus niños jugaran con los hijos de los independentistas.

En ese ambiente de persecución se dan los sucesos del Cerro Maravilla, donde el agente encubierto Alejandro González Malavé,  dirigido por el verdadero jefe de la policía de entonces, Desiderio Cartagena, engatusó a los jóvenes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado y los llevó al montañoso sector del Cerro Maravilla, en Villalba, para supuestamente derrumbar unas torres de comunicaciones, para denunciar el encarcelamiento de los nacionalistas que en la década del cincuenta habían tiroteado el Congreso estadounidense.

Luego se comprobó que todo resultó ser una treta montada por agencias de seguridad con el fin de seguir arrinconando y aislando del pueblo al ya diezmado sector independentista, con una campaña de terror basada en el presunto carácter violento y criminal de ese movimiento. Eso lo venían haciendo desde los años treinta con el movimiento encabezado por Pedro Albizu Campos y más adelante con Gilberto Concepción de Gracia, Juan Antonio Corretjer, Félix Ojeda, Paulino Castro, Narciso Rabell y Juan Mari Brás, entre muchos otros.

Es así como se llega al 25 de Julio de 1978, cuando la Policía mató a esos dos jóvenes luego de haberlos arrestado y esposado. De inmediato se inició un operativo oficial para encubrir esos asesinatos con la teoría de la defensa propia.

Fue gracias a constante testimonio del chofer de carro público Julio Ortiz Molina, quien había sido secuestrado en un sector de Ponce por el agente González Malavé para que los llevara al Cerro Maravilla, que se rompió esa versión falsa de lo ocurrido en el Cerro Maravilla. Ortiz Molina mantuvo desde ese mismo 25 de Julio que en el lugar se produjeron dos eventos de ráfagas de disparos. Ese testimonio fue clave en la investigación que concluyó que los jóvenes fueron asesinados luego de ser detenidos y esposados.  

El periodista Luis R. Varela, corresponsal en la región sur del país de la agencia The Associated Press dio cuenta de la versión de Ortiz Moilina la misma tarde de los sucesos al obtener copia de la declaración jurada que hizo el chofer ante un abogado de Ponce.

Ante los cuestionamientos de la versión oficial,  el Departamento de Justicia de Puerto Rico, emitió un informe sobre los hechos y exculpó a los policías y demás funcionarios que participaron en ese operativo, bajo la teoría de que los agentes habían repelido un ataque a tiros.

El abogado criminalista Enrique (Chino) González, junto a la galena Ana Libia Cordero, desde el Colegio de Abogados, hicieron una minuciosa investigación que impugnó la versión del gobierno.

Posteriormente los hallazgos de la investigación de González fueron usados en una investigación del Senado de Puerto Rico, encabezada por el exfiscal Héctor Rivera Cruz, cuyos resultados fueron expuestos en vistas públicas televisadas, un fenómeno mediático que copó la atención de la opinión pública, en parte por el sensacionalismo y la morbosidad que rodeaban esos sucesos.

La prensa en general, y muchos periodistas en particular, apoyamos gozosos en ese momento ese esfuerzo legislativo y aplaudimos las gestiones para que el pueblo conociera lo que realmente ocurrió en el Cerro Maravilla, muy distinto a lo que había estado diciendo el gobierno.

Después de 39 años creo que debemos  revisitar ese proceso policiaco, ejecutivo, legislativo y político que se efectuó para ver cuánta propaganda se manejó y qué nos dejó, además de alguna legislación que benefició a las minorías legislativas.

Ese proceso nos enseñó, además, cuán corruptos pueden ser los organismos gubernamentales y su fragilidad.

Creo que nos queda pendiente por saber cuánta participación, si alguna, tuvieron las agencias federales, como el Negociado de Investigaciones Federales (FBI), en esa trama y si realmente los responsables verdaderos pagaron por sus acciones.

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