Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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El chantaje de los alcaldes

Los alcaldes en Puerto Rico se han convertido en vacas sagradas que mueven a su antojo las maquinarias políticas en las campañas electorales.

De ahí que muchos políticos, para asegurarse elecciones y reelecciones, se “vacunan” con los alcaldes de sus respectivos partidos, los azules agrupados en la Federación de Alcaldes y los rojos en la Asociación.

Por eso no es de extrañar que los alcaldes estén cerrando filas impunemente en favor de un aumento en el impuesto sobre la propiedad inmueble que reemplazaría los $350 millones en subsidios que el gobierno central les va a quitar en el nuevo presupuesto.

¿Porqué no se ajustan los cinturones en vez de penalizar más a los ciudadanos? No, porque es mejor seguir asfixiando al ciudadano de a pié, obligándolo a compensarles por la pérdida de subsidios.

¿No sería más justo reinventarse para reducir los presupuestos municipales? Por ejemplo, entrar en consorcios que se ocupen de funciones administrativas que son afines a todos podría resultar en ahorros sustanciales de fondos públicos. O mejor aún, consolidar municipios para economizar mucho más.

Pero, los alcaldes tienen demasiado poder político y no ha habido hasta ahora un gobernador, ni ningún legislador –del partido que sea—que se haya atrevido a proponer una reducción real del astronómico número de 78 municipios para un país pequeño de 3.5 millones de habitantes.

Ahora los alcaldes hablan de aumentar el impuesto sobre la propiedad a un porciento abusivo que encarecerá aún más la vida de las familias de clase media y, en el caso de los retirados, los colocará al borde del mismo abismo fiscal al que está a punto de caer el gobierno.

Según este diario, los alcaldes del Partido Nuevo Progresista acordaron que se debe colocar entre 11.83% y 12.83% el impuesto sobre la propiedad inmueble, que para más de 850,000 propietarios no es otra cosa que el techo que cobija a sus familias. Seguramente los alcaldes del Partido Popular Democrático estarán de acuerdo o tendrán una propuesta similar.

Datos del Negociado del Censo correspondientes a 2015 y citados por el diario son espeluznantes. Los dueños del 45.4% de las 857,510 residencias en Puerto Rico que están ocupadas por sus propietarios son personas de 60 años o más, con ingresos reducidos y, en el 70% de los casos, dependientes de alguna pensión y/o de ayudas gubernamentales. Peor aún, muchos hacen malabares para poder pagar la hipoteca.

Increíblemente, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, defiende en un túit los subsidios diciendo que se usan para dar servicios a los ciudadanos.

En otras palabras, como el Gobierno nos quita los subsidios, vamos a cobrarles más a los ciudadanos necesitados de servicios para poder darles precisamente esos mismos servicios. Desvestir un santo para vestir a otro.

A base de ese razonamiento, parecería que en la ecuación sobra el intermediario, es decir, el municipio.

Vemos municipios pequeños cuyos alcaldes se suben el sueldo con una tranquilidad pasmosa, con miras a la pensión que les tocaría a la hora de jubilarse, habiendo ocupado la poltrona municipal por apenas dos términos.

Vemos también cómo los municipios derrochan fondos públicos en actividades para promover la figura del alcalde, como acaba de ocurrir en Guaynabo con la contratación de la compañía de Helga García, la misma relacionista de Ricky Martin y de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Liza García.

Es hora ya de perderle el miedo a los alcaldes y de pensar más en los ciudadanos, que ya no encuentran cómo pagar más impuestos abusivos.

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