Gerardo A. Carlo-Altieri

Punto de vista

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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El Chernóbil boricua y la Junta de Supervisión

La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico parecía haber sobrevivido el embate despiadado de los fondos de cobertura, uniones y el gobierno de Puerto Rico, al conseguir un certiorari ante el Tribunal Supremo federal y la paralización de la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de Aurelius Investments, LLC, Et All. (915 F.3d 838).

Pero el pueblo boricua se dirige a destronar el andamiaje legal de la Junta y hasta candidatos a la presidencia de Estados Unidos han pedido sustituir la ley Promesa por una especie de Plan Marshall. 

A la vez, ante el tribunal de Promesa, se encuentra la demanda de la Junta contra el gobernador para anular la erogación de fondos en exceso del presupuesto y revocar la ley que exime a los municipios de contribuir a las pensiones (Ley 29-2019).

Y para completar, en medio del Chernóbil político causado por la renuncia del gobernador y sus asesores, la jueza Laura Taylor Swain, que preside el tribunal creado bajo Promesa, celebró una vista donde el abogado de la Junta prometió presentar un complicado Plan de Ajuste de Deuda del gobierno (el “Plan”) en las próximas semanas.

A la vez advirtiendo, que esto no prohíbe la negociación con los acreedores para conseguir apoyo al Plan Support Agreement (PSA) que ha sido negociado con algunos bonistas.

Sin embargo, la jueza Taylor Swain sorprendió a todos al negar las solicitudes de los bonistas para modificar la paralización automática y permitir la continuación de litigios en contra del gobierno.     

El Tribunal explicó que interrumpir la paralización y autorizar la continuación de litigios en otros tribunales no resolverían las controversia ni estimularían la negociación ante el panel de mediación que preside la jueza Barbara Houser.

El mismo día, la jueza Taylor Swain emitió una orden de paralización y referido a mediación mandatorio de 30 mociones sustantivas y 17 litigios donde se cuestionan emisiones de bonos de Obligaciones Generales, Edificios Públicos, Retiro, Transportación, PRIFA e impuestos sobre rones.

La orden refiere a los jueces-mediadores estas controversias cuya resolución resulta indispensable para la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda, incluso asuntos constitucionales y sobre la validez de las garantías de los bonos.

Además, la orden solicita la recomendación del Panel de Mediación y las partes sobre sobre el proceso para solucionar controversias medulares sobre: garantías, claw-backs, acciones contra casas de corretaje y terceros responsables por la crisis, clasificación y prioridad entre acreedores (pensiones vs. acreedores no asegurados) y la creación de comités especiales adicionales. 

A la vez, esta orden podría retrasar la aprobación del Plan por los 120 días mandatorios de mediación, aunque el proceso queda estimulado por la posibilidad de un Cram-Down judicial.

La jueza Taylor Swain también se negó a implantar el proceso extremadamente sumario de resolución de reclamaciones solicitado por la Junta para procesar las miles de reclamaciones radicadas contra el Commonwealth, explicando que dicho proceso no asegura el derecho de los reclamantes a una vista y determinación justa sobre los hechos.  

En vez, la jueza Taylor Swain ordenó analizar la fórmula utilizada en el caso de insolvencia de Detroit, donde se protegió debidamente el derecho de los reclamantes. 

Otra vez, el tribunal envía el mensaje de que la deuda de Puerto Rico debe reestructurarse por medio de negociación voluntaria y de buena fe, entrelazada con la mediación impuesta y supervisada judicialmente.  

Esperamos que los nuevos ocupantes de La Fortaleza reciben este mensaje y entiendan, que la aprobación de una reestructuración de deuda no significa que Puerto Rico haya salido de la crisis fiscal.

Por el contrario, la restructuración de la deuda pública es una pequeña parte de la solución.  El saneamiento requiere un reforma profunda de las estructuras fiscales y contributivas, más allá de los parches y generosos códigos de incentivos para favorecer a grupos de interés.



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