Ramon L. Nieves

Tribuna Invitada

Por Ramon L. Nieves
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El cierre de escuelas costea el plebiscito

El Gobierno ha decidido seguir adelante con el plebiscito de status pautado para el próximo 11 de junio. En su famosa carta del Jueves Santo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expuso objeciones serias a la versión original de la consulta. Tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Independentista Puertorriqueño optaron por el boicot. Solamente el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Comisión Estatal de Elecciones (¿cuánto nos está costando su propaganda?) promueven la consulta.

El PNP se encuentra totalmente solo en su agenda de status. Realizan tertulias estadistas con su base para hablarse entre sí. El pueblo está totalmente desconectado del proceso. Una amiga estadista me preguntó el otro día "oye, el plebiscito ese, ¿todavía va?"

Es un acto de locura política celebrar el plebiscito luego de que el Gobierno se radicara en quiebra. La quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo PROMESA no tiene precedente en la historia de Estados Unidos. Los gobiernos estatales no están autorizados a acogerse a quiebra. La insolvencia del Gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas y planes de retiro es tan masiva, que el Congreso tuvo que legislar por excepción para autorizar una quiebra total. Si Puerto Rico fuera un estado, las corporaciones públicas tendrían derecho a la quiebra, pero colapsaría el Gobierno central ante las demandas de los bonistas.

El Gobierno de Estados Unidos no atenderá el proyecto de admisión de la comisionada residente, ni el Plan Tennessee, ni los resultados del plebiscito.

El proceso legislativo para crear PROMESA fue duro para el Congreso, que no producía legislación específica para Puerto Rico hace décadas. Las únicas noticias que el norteamericano promedio lee sobre Puerto Rico tratan sobre la quiebra y los estragos sociales y económicos causados por nuestra depresión, que ya cumple 11 años.

Si contamos con la meta impuesta por PROMESA de lograr aprobar cuatro presupuestos realmente balanceados, podemos anticipar que la Junta de Supervisión Fiscal gobernará a Puerto Rico por al menos una década. La Junta de Control impuesta a New York City en 1975 operó hasta 1986.

Insistir en celebrar un plebiscito de status en estas circunstancias es una extravagancia. Tan pronto se haga público el primer presupuesto bajo el Plan Fiscal, repleto de recortes dramáticos, peor será el ambiente. El costo del plebiscito, más de $5 millones, tampoco se justifica ante un Gobierno que cierra casi 200 escuelas para ahorrarse $7.7 millones. Aunque duela, lo cierto es que el status de Puerto Rico en la próxima década será el de un territorio colonial, sometido a una Junta de Supervisión y al mallete de una jueza federal. Cancelen el plebiscito.            

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