Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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El ciudadano paga los platos rotos

Ante la debacle fiscal que sufre el país, las únicas alternativas que proponen los políticos afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos de a pie, nunca a sus propios intereses.

Entre las más recientes genialidades de los alcaldes figura la de cobrarle a los ciudadanos por el recogido de basura, un servicio que se supone pagamos ya con los impuestos municipales. Curiosamente, ninguno propone bajarse su sueldo.

Sin ofrecer opciones de otra índole, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares sigue empeñado en no acatar la directriz de reducción de jornada laboral de los empleados públicos dictada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Aunque Rosselló Nevares sabía desde la adopción del Plan Fiscal vigente que una de las recomendaciones para cuadrar las maltrechas finanzas públicas era reducir en cuatro días al mes la jornada laboral en el sector público, cuando finalmente la JSF impartió la orden de bajarla dos días por mes, levantó su voz en contra como si hubiera sido sorprendido por la decisión.

Pero, propuestas concretas para allegar fondos que eviten la imposición de la JSF, esas brillan por su ausencia. A lo más que han llegado es a la treta de dejar de pagarles a los suplidores para guardar el dinero en caja y decir que hay efectivo suficiente.

Lo que está haciendo el Departamento de Hacienda al mantenerse a flote artificialmente es lo mismo que si los ciudadanos dejáramos de cumplir con nuestros pagos mensuales de hipoteca, luz, agua y teléfono para que nuestras cuentas bancarias reflejen balances saludables.

Como dijimos en la columna anterior, en septiembre sabremos cómo se dilucida el enfrentamiento entre el gobernador y la Junta Fiscal.

El ciudadano de a pie es el que paga los platos rotos de la debacle económica que ha llevado a centenares de miles de puertorriqueños a emigrar, principalmente al estado de Florida. La lucha de poderes, en tanto, ha provocado una paralización que afecta a gran parte de los servicios públicos esenciales.

A pesar de la merma poblacional de más de medio millón de personas, el sistema de energía eléctrica se ha deteriorado al extremo de que los apagones son la orden del día y hay sectores que han estado sin servicio de electricidad por períodos extensos. Si hay menos gente consumiendo energía eléctrica, ¿por qué tantos apagones consecutivos?

Sin embargo, las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica, igual que las de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, suben cada vez más, contribuyendo a achicar los bolsillos de los abonados.

Del pésimo estado de las calles y las carreteras, poco hay que añadir a las quejas constantes de los ciudadanos, que incurren en gastos imprevistos para reparar daños causados por los hoyos que abundan por todo el país. Veremos cuánto rinden los $21 millones para reparaciones de vías públicas que el Banco Gubernamental de Fomento acaba de descubrir en una cuenta abandonada durante años. Cuántas otras cuentas en el olvido aparecerían por ahí si empezamos a rebuscar.

Si en La Fortaleza se enteran poco de la urgente necesidad de alternativas para empezar a mover la economía, en la Legislatura también se sigue gastando como si el dinero cayera como maná del cielo. Los sueldos y contratos de “asesores” en la mansión ejecutiva y en la legislatura no reflejan para nada la grave situación fiscal del país.

Debemos insistir en que los contratos externos millonarios en el gobierno siguen proliferando y la reducción de 10% decretada por el gobernador Rosselló Nevares es insuficiente, es decir, equivale a migajas en el presupuesto gubernamental.

¿Cuánto más sacrificio se le puede pedir a la ciudadanía si el gobierno sigue derrochando el cada vez más escaso dinero de las arcas públicas?

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