Emilio Pantojas García

Punto de vista

Por Emilio Pantojas García
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El colapso de Puerto Rico: fruto de la corrupción

En un país donde legisladores, secretarios de agencias, jueces y abogados han sido convictos por corrupción, presidentes y rectores del más alto centro docente han sido destituidos por acciones contrarias a la ética y la sana administración, no puede decirse que la actual es la peor crisis de legitimidad institucional. Tampoco olvidemos la crisis institucional que se enfrentó con el enjuiciamiento de un gobernador en funciones por corrupción; aunque fuera absuelto.  

Hace tiempo sabemos que Puerto Rico tiene las características de un estado fallido: (1) Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones; (2) Pérdida de control físico del territorio y del monopolio en el uso legítimo de la fuerza; (3) Incapacidad para suministrar servicios básicos; y (4) Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional. La estabilidad y solidez institucional de Puerto Rico es comparable a la estabilidad geológica de California: se asienta sobre una gran falla, que causa temblores y remezones periódicamente y cada remezón lo acerca a la debacle—que en el caso de California sería el desprendimiento de la plataforma continental. 

La institucionalidad puertorriqueña como la conocemos llegó a su fin hace tres años con la aprobación de la ley Promesa en junio de 2016. Esto luego de una década de colapso de la estructura económica, social y política que registré en mi libro “Crónicas del Colapso”. El país implosionó en junio de 2015 cuando se anunció el impago de la deuda. Lo que vemos hoy es la destrucción de lo que quedó en pie y la rapiña de los políticos carroñeros y sus aliados “empresarios” recogiendo y repartiendo los escombros.

Desde la primera administración de Pedro Rosselló la corrupción se convirtió en norma. La política del “pay to play” (“pague para jugar”) la adoptaron como norma ambos partidos. Se instituyó el “diezmo” como condición de contratación por el gobierno. Había que pagar una parte de lo cobrado en contratos en donaciones al partido en el poder y a funcionarios corruptos. El nombramiento de jueces se convirtió en una manera de pagar favores y lealtades. La corrupción es tan normal que un periodista nos recordaba recientemente que, con excepción de Sila Calderón, allegados a todos los gobernadores han sido investigados desde Pedro hasta Ricky Rosselló.

Hace tiempo Puerto Rico está sin gobierno, al garete, como dicen los jóvenes. Se han presentado tres presupuestos, el del gobernador, el de la legislatura y el de la Junta, que al final prevalecerá. 

No se sabe ni cuáles son los servicios esenciales ni qué pasará con los fondos de reconstrucción. Reina la incertidumbre, el gobierno no funciona, cunde el pánico, la falta de respeto a las personas y las instituciones. En el Titanic había más calma que en La Fortaleza y el Capitolio. Será que se acerca el fin, o es este otro remezón grande pero no el final. La institucionalidad colapsó hace tiempo, la pregunta es, cuándo comenzamos la construcción de la buena gobernanza.

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