Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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El Congreso ante el ciclón Felipe

Repasando la resolución pública 74 del 70mo. Congreso del 21 de diciembre de 1928, se me antojó que ya había visto llegar a María hace 89 años. Pensé que, con la premura y diligencia con la que actuó aquel Congreso tras el paso del huracán Felipe, es de esperar que corresponda el actual.

Tras la visita de varios funcionarios federales ejecutivos y electos, el Congreso aprobó las primeras ayudas económicas para que la isla pudiera empezar a vencer los estragos del “más destructor de nuestros huracanes”, como lo catalogó el historiador Luis A. Salivia en su Historia de los Temporales de Puerto Rico. (Solo superado por María).

Resulta altamente interesante (y serviría como modelo en estos días; casi 90 años después), la redacción de la resolución congresional de ayuda al territorio bombardeado por la naturaleza.

En sus siete Por Cuanto de la resolución se afirmaba -resumiéndolos- que “la isla de Puerto Rico está sufriendo los efectos de un huracán de extraordinaria intensidad y violencia sin par, huracán que visitó la isla en septiembre 13 y 14, 1928”; que “ninguna parte de la isla dejó de sufrir daños”; que “el número total de personas afectadas fue de 1,454,047, de las cuales, de acuerdo con la Cruz Roja Americana, más de una tercera parte, o sea, 510,161, quedaron absolutamente desamparadas y sin alimentación”.

Agregaba la resolución que “las cosechas de café y frutas fueron casi totalmente destruidas y las plantaciones de café recibieron tal daño que habrán de pasar cinco años antes de que puedan restaurarse a sus condiciones normales”; que “el daño a todas las industrias insulares ha sido tan grande que imposibilita al gobierno insular para brindar socorro adecuado en la emergencia”.

Consciente del estado de práctica indefensión en que se hallaba la isla, el Congreso rápidamente creó una “Comisión para el Socorro de Puerto Rico”, integrada por los secretarios federales del Tesoro, de Agricultura y de la Guerra, para esbozar los planes de rigor para “ayudar en la rehabilitación de la agricultura en la isla de Puerto Rico, particularmente en las plantaciones de café, alentar una mayor plantación general de productos alimenticios necesarios para los labriegos de las plantaciones, especialmente tubérculos, ayudar en la reparación y restauración de escuelas y caminos, y cooperar en la provisión de empleo para obreros desempleados y desamparados”.

La resolución autorizó eximir todas las disposiciones burocráticas para facilitar el reclutamiento de trabajadores y disponer de inmediato del dinero necesario para comenzar la rehabilitación de la isla. Simultáneamente asignó cerca de $8 millones de fondos federales para los primeros trabajos de reconstrucción y reparación de casas y escuelas damnificadas o destruidas por el huracán y para el empleo de brazos y la compra de materiales para la reparación de caminos insulares y municipales.

Un mes después, buscando acelerar los trabajos de restauración, el Congreso aprobó una asignación de $3 millones adicionales. La asignación inicial de $11 millones, hoy vista tal vez muy corta, representaba, a la vista de 90 años atrás, una asistencia monumental, que ciertamente ayudó a levantar a Puerto Rico tras aquella pesadilla.

Asediado como ha sido nuestro pueblo, con el espíritu indomable de su gente, la dirección ejemplar, seria y responsable de una administración pública que apenas iniciada pasa con altos honores la más dura prueba de gobierno alguno en todo un siglo -y la asistencia que requieren y merecen más de 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico-, nos vamos a levantar, a volar alto hacia un nuevo y esperanzador porvenir.

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