John Ward

Tribuna Invitada

Por John Ward
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El Congreso cedió su poder en el caso de Puerto Rico

El propósito inicial de la Ley PROMESA era hacer el pago de la deuda, llamada incobrable por el ex gobernador Alejandro García Padilla, y restablecer el crédito de Puerto Rico en los mercados financieros de los Estados Unidos. La nueva Junta de Supervisión Fiscal (JSF) designada por el president Barack Obama y el Congreso de los Estados Unidos estaba preparada y dispuesta para la tarea.

Al iniciar su análisis de las finanzas de Puerto Rico, la JSF empezó a entender que el problema no era estrictamente financiero sino económico.  Pagar la deuda traería como consecuencia estrangular la economía. El informe Krueger ya indicaba la contradicción: pagar la deuda haría imposible la recuperación económica y la inversión necesaria para el crecimiento económico no permitiría pagar la deuda.

En el trasfondo estaba la cuestión de que las medidas de austeridad a tomarse provocarían una crisis humanitaria donde los servicios básicos tales como alimentación, salud, educación y seguridad se verían gravemente afectados.

La única salida era algo que estaba en la Ley PROMESA: la restructuración de la deuda mediante la intervención del Tribunal Federal. El poder absoluto de los bonistas se vería mediatizado por un proceso de balance de intereses y socialización de la deuda.

Inadvertidamente el Congreso se vio privado de dirigir la restructuración de la deuda ya que el nombramiento del juez que presidiría el proceso lo haría, según la ley, el Juez Presidente del Tribunal Supremo federal. Esto quiere decir que el Congreso quedó impedido de destituir al juez(a) en caso de no agradarle el curso de ese proceso.

Por otra parte, la propia Junta debe nombrar un Director Ejecutivo para dirigir sus trabajos. El nombramiento de la señora Natalie Jaresko como directora ejecutiva de JSF trae otro elemento que no tiene precedente desde que el presidente Kennedy nombró a la embajadora Patricia Harris como miembro de la Comisión Conjunta de Estatus formada por representantes de Puerto Rico y los Estados Unidos en 1963, dándole un carácter de relaciones exteriores al asunto del estatus de Puerto Rico. Esta Comisión Conjunta estaba compuesta por congresistas nombrados por el Congreso, por Legisladores y otros líderes de Puerto Rico y por personal técnico y de apoyo quienes realizaros estudios económicos, políticos, antropológicos y otros sobre Puerto Rico.

De ahí surgió el plebiscito de 1967, cuyos frutos se vieron complicados por la trágica muerte del presidente Kennedy y por la pérdida del poder del Partido Popular Democrático. Los demás esfuerzos y plebiscitos posteriores se redujeron a ditirambos, juegos de palabras jurídicos y políticos y resultados sin consecuencia.

La señora Jaresko tuvo un rol del más alto nivel cuando fue convertida en ciudadana ucraniana y luego Ministra de Finanza de ese país. Esto quiere decir que las aguas siguen subiendo y la JSF ha incorporado una persona representativa de o muy relacionada con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según en el Congreso, no saben mucho sobre Puerto Rico (con muy honrosas excepciones) el Departamento de Estado en particular y en las distintas agencias del ejecutivo existe un gran caudal de información sobre Puerto Rico a través de la concesión y supervisión de los diversos programas federales.  No es nada raro que sepan más sobre Puerto Rico que muchas administraciones de gobierno (pasadas, presentes y futuras). No hay duda sobre las credenciales de la señora Jaresko y su relación con la Rama Ejecutiva federal.

En resumen, ya el Congreso cedió su poder sobre el proceso a manos del poder judicial y del poder ejecutivo. Después de un año de aprendizaje y cambios en la dinámica que conduce a la solución final de la presente crisis, el rumbo que ha tomado la ley PROMESA va mucho más allá que un simple cobro de dinero.

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