Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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El costo de abrir las rejas

Aplicar con carácter retroactivo la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que establece que el veredicto de culpabilidad debe ser unánime en todos los juicios por jurado, hará correr la máquina del tiempo en el sentido inverso a la justicia: decenas o cientos de crímenes que nos estremecieron, volverán a ser vistos y con mejor suerte para el acusado. Muchos de los que ahora cumplen cárcel, porque fueron hallados culpables por mayoría, con uno o dos votos en contra, regresarán a la “libre comunidad”.

Ya han explicado otros columnistas que será difícil, por no decir imposible, reconstruir los hechos que ocurrieron hace años, citar a los mismos testigos, rescatar toda la información y hasta el ánimo de esclarecer hasta la última cintila con el rigor que hubo originalmente.

El Supremo de los Estados Unidos todavía no se ha referido a esa retroactividad que también provocaría una avalancha de peticiones de nuevos juicios en los 50 estados. Aquí, sin embargo, el Senado se apresuró a presentar un proyecto al que dieron su visto bueno todos los senadores de todos los partidos. Es previsible que, con el apoyo entusiasta de la Cámara, la ley se haga realidad, y en un dos por tres los abogados tengan las manos llenas de los reclamos de convictos que exigen volver a ser juzgados.

Sin duda cogerá calle una legión de confinados, entre los que no dudo que haya algún inocente, y varios rehabilitados. Pero el costo de abrir las rejas a criminales despiadados, sicarios que apostaron a su suerte (y esa suerte los ha venido a ver), desquiciados que querrán ajustar cuentas y matones de distinta calaña, violentos entre los más violentos, es impredecible.

Sé que mucha gente todavía no está al tanto de lo que significa la decisión del Supremo y la prisa que le entró a la Asamblea Legislativa; las extrañas razones que han esgrimido los que tradicionalmente evitan alianzas con el PNP, y en especial con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pero que en este tema han hecho piña entre ellos, y han evitado abundar en las consecuencias.

Algunos se preguntarán de dónde va a salir el dinero para pagar los honorarios de abogados que llevarán ese complejo proceso de pedir el nuevo juicio y representar a su defendido. Dinero es lo que sobra. Ya verán que aparece.

El sistema de justicia sí que se verá desbordado y sin suficientes recursos económicos para ocuparse de tantos casos recalentados. Tendrán que calendarizar a toda prisa, poner a trabajar a los fiscales en una labor que tomará visos arqueológicos: ¿dónde encuentro a este testigo clave o esta pieza de evidencia que se traspapeló? Son casos cerrados hace años. Y entonces queda resolver la cuestión del jurado. Nuevos jurados que, pueden apostar lo que quieran, no se pondrán de acuerdo.

El dolor, la rabia que esto va a causar entre las víctimas, las que hayan sobrevivido, y sus familiares, es solo comparable al sentimiento de desencanto que va a cundir en lasociedad cuando empiecen a salir las noticias de que un fulano o dos, hallados culpables por una masacre pavorosa, han pedido que los juzguen de nuevo.

Importantes jefes de organizaciones criminales serán los primeros en anotarse en la fila. Y muchos de ellos saldrán con ganas de ajustar cuentas.

Nadie puede imaginarse las repercusiones de esto, porque ni siquiera hay un estimado de los confinados que podrían pedir volver a corte. Entretenidos como estamos con los rigores del confinamiento y la temporada de huracanes, este sorpresivo asunto de aplicar la ley de veredictos unánimes, con carácter retroactivo, está deslizándose suave y sin mayores escollos.

No perdamos de vista que tiene el apoyo de los abogados, y abogados son los que sobran en el mundo político y “regentan” la mayoría de los partidos. Así que aquí no habrá protestas ni cacerolazos.

La mala noticia es que no hay remedio.

Estuve leyendo, leyendo y consultando. Un reconocido profesor de derecho, catedrático hace más de cuarenta años de una connotada universidad europea, experto constitucionalista, accedió a hablarme del tema. “Es el derecho penal”, me dijo, con ese tono de “lo coges o lo dejas”. Agregó que la retroactividad podía ser antipática, farragosa y hasta arriesgada en ciertas sociedades, pero que en ley nadie podía impedir que la decisión se aplicara hacia atrás. “Míralo como si fuera la esclavitud”, agregó. “Tener esclavos era un derecho y se abolió. Se hizo con carácter retroactivo, claro”.

Le comenté que no era lo mismo, que esto abriría una puerta nebulosa hacia el miedo y la impunidad.

“Pero es el derecho penal. ‘In dubio pro reo’, ¿sabes lo que significa?”.

Significa que cuando salió la noticia de la decisión del Supremo federal, hace varias semanas, la mayoría del país, la mayoría de nosotros, no calculamos el alcance. Y ahora estamos anonadados y nos preguntamos: ¿pero esto puede hacerse?

Y la respuesta es que sí. Puede.

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