Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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El cuero duro de los jueces

Una tarde, dos agentes del FBI se presentaron a mi casa porque habían escuchado sobre las respuestas que le había dado a la reportera Nelly Rivera en una entrevista en la que participé en relación con la condena federal de un juez de Aguadilla por corrupción. Les repetí lo mismo que le había dicho a la periodista: que en Puerto Rico los jueces son honrados y trabajadores, hombres y mujeres tratando de hacer bien su trabajo, pero que, como en toda actividad humana, siempre había sus excepciones. Como periodista al fin, a ella le había interesado más el aspecto de las “excepciones”, y eso fue lo que destacó. Y, quizás por eso, hubo muchos jueces molestos con mis expresiones, pensando tal vez que era desleal al delatar ciertos comportamientos “irregulares” en la Rama Judicial.

Pero, además de los dos agentes del FBI, también se presentó a mi casa un alguacil para citarme a una comparecencia ante un investigador de la OAT, supongo que por yo haber delatado la conducta impropia de un juez en funciones en el centro judicial de Carolina. Y nada había pasado. Fui y presté testimonio bajo juramento de lo que sabía y había dicho a la periodista. Quizás porque me identifico con los jueces que hacen bien su trabajo, y rechazo a los que lo hacen mal, he leído con pavor que el profesor de Derecho, columnista de este periódico y analista político en radio y televisión, Carlos Díaz Olivo, ha sido amonestado por el Tribunal Supremo por haber denunciado en un escrito judicial, con un lenguaje poco ortodoxo, lo que él percibía como irregularidades en un caso del que era abogado. Y lo peor es que el propio Tribunal Supremo concluye que, en lo sustantivo, Díaz Olivo tenía razón, porque indica en su resolución que “aquellos señalamientos que tenían mérito fueron atendidos… [y] corregidos… y se le explicó [a Díaz Olivo] por qué se cometieron”.

En ocasiones anteriores yo había leído sobre amonestaciones a abogados que habían utilizado lenguaje irrespetuoso hacia un juez o jueza, pero siempre en situaciones en que este manifestaba su inconformidad con las decisiones judiciales que afectaban únicamente a su cliente. Aquí el licenciado Díaz Olivo estaba denunciando situaciones graves sobre el funcionamiento del sistema judicial. Se refería a algo de interés público que podría estar afectando a otros ciudadanos con casos pendientes en el tribunal de Bayamón.

Recordemos que los jueces son los únicos funcionarios que, a pesar de ejercer una parte importante de la soberanía del Estado, no tienen que rendir cuentas de sus actuaciones en las urnas, como sucede con los funcionarios del Poder Legislativo y el Ejecutivo. Un modo eficaz que el pueblo tiene para fiscalizar al Poder Judicial es mediante la denuncia pública de actuaciones de sus funcionarios que considere impropias o lesivas al interés público.

El derecho a la libre expresión no queda suspendido por el solo hecho de que quien da la voz de alerta sea abogado. La Primera Enmienda está por encima del Canon 9 de Ética Judicial. No niego que otros abogados habrían seleccionado quizás palabras eufónicas, dichas con sordina, más amables. Pero en ausencia de un lenguaje que, por sí solo, constituyese delito, no debe penalizarse a quien delate funcionamientos irregulares o detrimentales al bien público. Eso puede tener un efecto atemorizante en quienes sean débiles de carácter o piensen que lo más importante es estar de buenas con los jueces que denunciar situaciones que afectan el buen funcionamiento del sistema de administración de los tribunales. Las sanciones disciplinarias por conducta como la atribuida al licenciado Díaz Olivo son algo muy  peligroso para el desempeño de nuestras instituciones. Los jueces y las juezas, como cualquier otro funcionario que cobra un salario del pueblo, deben tener el cuero duro.

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