Bárbara I. Abadía-Rexach
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El derecho a educarse

Hace dos semanas, trece profesores renunciaron al Programa de Estudios de Etnicidad, Raza y Migración (ER&M) de la Universidad de Yale. Denunciaron las condiciones precarias en las que sobrevive el programa, a pesar de una asignación de $50 millones que suponía diversificar la facultad y la oferta académica a favor de los estudiantes. ER&M ha quedado acéfalo. Hace una semana, en esa institución recibieron a la exsecretaria de Educación Julia Keleher como una de las oradoras principales en una conferencia sobre liderazgo y gerencia en la educación. En su alocución, Keleher enfatizó en que llegó a Educación a cambiar las malas prácticas en la agencia. Su discurso resonó con los memorables e inagotables “tuits” de Donald Trump sobre la ineptitud boricua para administrar agencias y presupuestos, que parecería que les viene en el ADN.

Aunque su designación fue retirada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Eleuterio Álamo Fernández había anticipado que continuaría el trabajo de Keleher. No extrañaría que el ahora designado como interino en Educación, Eligio Hernández Pérez, tenga la misma intención, pues fue el subsecretario bajo la administración de Keleher.

La educación pública del país, desde el Departamento de Educación hasta la Universidad de Puerto Rico, está atravesada por flancos que se empeñan en privatizarla. Los cierres de escuelas, los intentos por convertirlas en escuelas chárter y privatizarlas, y los recortes al presupuesto de la UPR y el alza de la matrícula son parte de las articulaciones de un andamiaje político descabellado en contra del derecho a educarse.

Dicen que la soga parte por lo más fino. No es casualidad que en Yale un programa de Etnicidad, Raza y Migración penda de un hilo. Tampoco lo es que en Puerto Rico la educación sea un privilegio de pocos. Como los profesores de Yale, los maestros puertorriqueños y sus aliados se tiraron a la calle a denunciar la privatización de las escuelas y el desmantelamiento del sistema público de enseñanza. En Puerto Rico, la lucha por la educación pública debe ser un proyecto de país, una lucha diaria e incansable.

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