Pedro Reina Pérez

Tribuna Invitada

Por Pedro Reina Pérez
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El derecho a la cultura

Saltan ya a la vista los conflictos sobre el manejo del patrimonio cultural en Puerto Rico, producto de la desidia, el desprecio y la ignorancia. 

Los dos artículos recién publicados por este diario sobre este tema dibujan de manera general los márgenes de un problema de suprema trascendencia para los ciudadanos que, a futuro, se enfrentan a perder bienes cuyo valor no se mide en dinero, porque el dinero no es medida suficiente. 

El lenguaje mercantil no alcanza para fijar el valor y poner en perspectiva aspectos intangibles como la identidad, el amor o el orgullo. La controversial venta del Seminario Conciliar San Ildefonso por la Arquidiócesis de San Juan, la venta de cayos por el gobierno y la negligencia de la Junta de Gobierno con la radicación de los estados financieros de la Universidad de Puerto Rico (UPR)  son sólo una muestra de los desafíos que se enfrentan para retener lo que es de todos. Hace falta mucho más para construir un vocabulario que alimente esta conversación urgente.

El huracán María desgarró el velo que escondía la precariedad en que nos sumió el coloniaje. No quiere decir eso que seamos víctimas pasivas, porque hemos sido parte del gradual enajenamiento que hoy padecemos. Quién posee el derecho a la ciudad, empero, es una pregunta que abarca mucho más que una titularidad legal, y que exige reconocer que el ciudadano posee facultades que trascienden una mera escritura. A este tema dedicamos recientemente un seminario graduado en la UPR en Río Piedras, en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard, en donde estudiantes de ambas instituciones caminaron, navegaron y pensaron juntos sobre la ciudadanía, el entorno edificado y los desafíos sociales que vivimos. Este proyecto se realizó gracias al apoyo económico de la Fundación Wilbur Marvin, en Louisiana. De ese diálogo esclarecedor nacieron preguntas urgentes que requieren respuestas ponderadas y con perspectiva de futuro.

El desafío no es solamente político, sino también un desafío de la imaginación, concluimos tras nueve días de seminario. Condicionados por la estructura bipartidista, pensamos los problemas en cuatrienios, como si la clase política tuviera poderes sobrenaturales. De distintas atalayas escuchamos el llamado a la obediencia y a la sumisión (todo sea para que el milagro llegue). Pero ¿y qué tal si el tiempo de verdad se acaba para reclamar amparo, equidad y justicia? ¿No será mejor destronar al elector en favor del ciudadano? Los ejemplos abundan y es preciso aprender de ellos. Las comunidades del Caño Martín Peña, en San Juan; Casa Pueblo, en Adjuntas y Apoyo Mutuo Mariana, en Humacao ofrecen pistas concretas de que no solo se defiende el patrimonio con palabras, sino también con hechos. La diferencia nace al honrar el vínculo entre el individuo y su entorno para luego pasar a entender cómo articulan las personas su comunidad, y todo lo que consideran de valor. Cuando eso sucede, y cuando se traza un horizonte de bienestar común se abren caminos para la legitimidad y la acción en beneficio del colectivo.

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, reza el dicho popular. Pero en este caso, no podemos darnos el lujo de perder para siempre aquello que consideramos valioso, simplemente porque nos embarga la desesperanza, muchas veces aprendida. 

Si fuimos capaces de aplaudir a rabiar 23 funciones de “Hamilton” —ese personaje histórico que peleó junto a otros hasta romper el yugo colonial británico— bien podemos levantar la voz y poner el cuerpo para defender nuestra condición ciudadana de dueños del patrimonio cultural. Se comienza por lo pequeño: la calle, la plaza, el parque. Cuando empecemos, lo demás cobrará sentido.

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